"Incompetencia del Gobierno", ha sido la palabra más escuchada en la tarde de este jueves en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, en la que ha comparecido el ministro del ramo,
Miguel Ángel Moratinos, para explicar, por fin, lo que ha ocurrido exactamente con la expulsión de Marruecos de la activista saharaui
Aminetou Haidar, que lleva 32 días de huelga de hambre en España. Moratinos ha revelado, por fin, que su colega marroquí,
Taieb Fassi Fihri, le avisó la noche anterior de que se iba a producir la expulsión de Haidar y que él, por dos veces, la rechazó: "El Ministerio de Exteriores no aceptó, no apoyó, sino que rechazó la actitud de Marruecos", dijo Moratinos en la Comisión.
La llamada de Fassi Fihri se produjo "alrededor de las once de la noche" del día 13 de noviembre y fue así cómo el Gobierno español se enteró del problema que le venía encima. "Es indudable que es una expulsión política, no administrativa, y por eso el ministro de Exteriores me llama para comunicármela, porque no quiere que el Gobierno de España se entere por la prensa de que están expulsando a una ciudadana… La rechazamos, pero él lo hace para que, dado el buen nivel de relaciones que hay entre España y Marruecos, sepamos lo que está haciendo su Gobierno". Admitió Moratinos en el turno de réplica, después de escuchar un aluvión de reproches de la mayoría de los grupos parlamentarios.
Moratinos ha tenido que oír de todo, salvo, naturalmente, del portavoz socialista en la Comisión,
Jordi Pedret, naturalmente, que ha pedido unidad y apoyo sin fisuras al Gobierno para encontrar una solución que ahora parece inminente. María Olaia Fernández, del BNG, puso el acento en que "el gobierno marroquí ha hecho con la señora Haidar algo incorrecto, desde el punto político y diplomático". "¿No es eso complicidad?", con el régimen alauita, se preguntó de forma retórica.
El diputado de Coalición Canaria
José Luis Perestelo, incidió en lo mismo, pero recordándole al ministro que Marruecos expulsó a España a Haidar en el avión de otra compañía aérea que no era el que la llevó anteriormente a Marruecos.
"Una expulsión política"
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La intervención más dura fue la del diputado de IU
Gaspar Llamazares, quien le advirtió de entrada que "voy a hacer sobre todo preguntas, porque usted ha cambiado hoy el relato". "Es una expulsión política, argumentada por un ministro de Exteriores al ministro de Exteriores del país de llegada", le dijo Llamazares, para insistirle que "es una decisión política al más alto nivel y se hace con menosprecio al Gobierno español, porque usted le dice por dos veces que no".
En ese contexto, Llamazares preguntó a Moratinos que, ya que había rechazado la expulsión, "¿qué medidas adopta el Gobierno español para rechazar la expulsión?". "Esto es una crisis diplomática de libro", le recriminó.
Aludido directamente, y visiblemente molesto, Moratinos le contestó personalizadamente: "El Gobierno no ha creado esta crisis, no es cómplice de esta crisis, ha actuado con criterios humanitarios", repitió. Desde el primer momento "hemos actuado con sentido humanitario y político" y el Gobierno no puede llamar al comandante del avión para ordenarle nada. "El piloto dice que él tomó su responsabilidad", añadió, y también templó gaitas respecto a la actuación de la policía en el control de pasaportes: "Las actuaciones de la policía me parecen absolutamente correctas".
Llegados a ese punto, el ministro le dijo lo siguiente a Llamazares: "Nos podemos imaginar que la hubiésemos devuelto, ¿y qué nos dirían algunos de ustedes? ¿Que habíamos enviado a la señora Haidar al país que la iba a torturar nuevamente?".
"No es un complot"
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El portavoz de CiU,
Jordi Xuclá, por su parte, recalcó que "estamos ante una situación muy compleja" para un arreglo. "No estamos ante un complot, pero la señora Haidar que es una activista actúa como tal", dijo Xuclá, presionando para que esto se resuelva en territorio español. Es decir, reprochó de Haidar su "activismo muy crítico con el Gobierno español".
El portavoz popular, Gustavo de Arístegui, le afeó el que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su vicepresidenta primera,
María Teresa Fernández de la Vega, culparan a la policía del aeropuerto de dejarla entrar, sobre todo después de conocer que Moratinos lo sabía desde el día antes. En ese punto, le leyó las frases encendidas que todos los sindicatos policiales le dedicaron al Gobierno. "Incompetencia", en definitiva, ante una situación que "era perfectamente evitable". "Errores graves los ha habido y esto es una clamorosa evidencia", dijo
Arístegui, y "lo mejor que se puede hacer para salir de esta crisis es reconocer los errores". Finalmente, le dijo a Moratino que "es evidente que es una expulsión política", pero esperó que "todo el mundo salga airoso, porque, si no, no habrá salida, se enquistará aún más".
Sólo el portavoz socialista, Jordi Pedret, apoyó explícitamente la labor del Gobierno. Pidió la "absoluta unidad de las fuerzas políticas para conseguir la solución de este tema". Y reiteró, como el propio ministro, que el gobierno de España no puede dar instrucciones al comandante del avión de una compañía aérea privada ni la policía en el control de pasaportes puede hacer actuaciones contrarias al Tratado Schengen.
"Actuamos en el marco de la ley y actuamos de forma humanitaria y política", cerró el debate Moratinos, no sin antes comunicar que espera una solución próxima al conflicto: "Estamos haciendo gestiones al máximo nivel… y esperamos encontrar una solución".
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