La CNTV consecuente con la solicitud de la Procuraduría procedió a suspender la licitación y abrirá de nuevo el proceso "e implementará las medidas necesarias para lograr la adjudicación del tercer canal de televisión".
En un comunicado de la Comisión se señala que la solicitud del Ministerio Público fue acatada, aunque aclara que no comparte los fundamentos por los cuales el organismo de control recomendó este jueves suspender definitivamente esa licitación.
"La Comisión no está de acuerdo en que el proceso desconozca las normas de libre concurrencia ni la búsqueda de una pluralidad de oferentes y considera que en todo caso no puede afirmarse que no habrá dicha pluralidad antes de la finalización del cierre de la licitación", según el mensaje de la CNTV.
Asimismo, señala que la decisión de algunos de los interesados de abstenerse a participar en la licitación "no puede ser motivo suficiente para privar a los colombianos de la opción de un tercer canal de televisión nacional".
En diciembre pasado, el grupo español Prisa y el consorcio del empresario venezolano Gustavo Cisneros desistieron de la puja y denunciaron fallos en el proceso de licitación.
Prisa, que integraba el consorcio Pacsa (Promotora Audiovisual de Colombia), al anunciar el retiro indicó que el proceso ha tenido improvisaciones y "protuberantes falencias" que "minan la confianza de los inversionistas".
La CNTV aseguró en su misiva que desde un comienzo se informó a todos los interesados que la operación del tercer canal sería en frecuencia UHF y que es responsabilidad de cada proponente diseñar la red con la que operará.
"En materia de riesgos, la Comisión considera que su posición además de ser correcta desde el punto de vista jurídico, es la más conveniente para el patrimonio público, y la manera de cuantificación corresponde a la que se ha aplicado en la mayoría de los más importantes procesos licitatorios", añadió el comunicado.
La Procuraduría ha insistido, desde febrero de 2009, "sobre la necesidad de que se resuelvan definitivamente aspectos de carácter técnico y económicos que son trascendentales al momento de concretarse la licitación", indicó ayer la procuradora delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño.
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