En su proyecto de resolución en torno de la Ley Televisa, el ministro ponente Salvador Aguirre Anguiano declara “procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad” y declara inconstitucionales cinco artículos.
Aseguró que el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión –el más importante de la demanda- es inconstitucional porque “contradice la rectoría económica del Estado, favorece el acaparamiento de los medios de telecomunicaciones en pocas manos, en perjuicio del interés público y de la libre ocurrencia”.
Advierte que nada justifica que el legislador haya dado tanto “privilegio” a los actuales concesionarios de radiodifusión, los que podrán acceder a servicios adicionales de telecomunicaciones.
El ministro retoma los argumentos de Javier Corral, Manuel Bartlett y Dulce María Sauri –la madrugada en que se aprobó la Ley Televisa- y advierte que ese artículo 28 “convalida que los concesionarios de la televisión abierta, que tienen 462 estaciones (lo cual representa una cobertura de 96.5 por ciento) concentrarán también los servicios adicionales de telecomunicaciones”.
Esto “se traduce en una hegemonía que podrá ser ejercida por grupos de poder, no sólo en perjuicio de la rectoría económica del Estado, sino de las políticas de comunicación social, desarrollo educativo, libertad de prensa, etcétera”.
La resolución invalida también la decisión de que las concesiones se entreguen por subasta, y comparte el criterio de los demandantes de que ello deja todo en manos del dinero.
Igualmente declara inconstitucional que se impida a las comunidades y pueblos indígenas contar con sus propios medios de comunicación, y deplora que no haya habido una legislación secundaria, como se prometió.
En contraparte, avala que las concesiones se refrenden de manera automática, las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y que los partidos y candidatos puedan contratar publicidad directamente en los medios.
Sobre la “Ley Televisa”, dice Raymundo Cárdenas análisis superficial
Larios “no sabe del proyecto; Creel reconoce presiones electorales
Diputados federales del PRI, PAN y PRD expresaron opiniones divididas respecto al proyecto de sentencia emitido por el ministro de la Suprema Corte, Salvador Aguirre Anguiano, sobre la denominada "Ley Televisa", la cual podría sufrir algunas modificaciones, para hacer más equilibrado el espectro de los medios de comunicación.
En donde, para algunos comunicadores, académicos y la opinión pública en general, la casi omnímoda presencia de Televisa –de la que es una de sus principales accionistas, la señora Maria Asunción Aramburuzabala de Garza, esposa del embajador de Estados Unidos en México-, requiere de contrapesos y leyes que permitan el inicio de una real democratización de los medios electrónicos en México.
En entrevista, el coordinador del PAN en San Lázaro, Héctor Larios, dijo desconocer el proyecto de sentencia, pero adelantó que se aceptará la resolución que adopte el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Recordó que en los últimos dos sexenios no se ha otorgado ninguna nueva concesión para medios electrónicos de comunicación, por lo que "es preferible que exista un mecanismo establecido".
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que no tienen sustento las declaraciones del senador Santiago Creel, quien reconoció que la ley se aprobó por presiones electorales.
Comentó que la próxima semana se conocerá la resolución de la Corte y posteriormente su fracción presentará su opinión al respecto, "y no sobre posibles contenidos de ese documento que aparece en los medios de comunicación".
Raymundo Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), opinó que la Corte ha hecho un análisis superficial del asunto. "en estos momentos tiene una posición intermedia, en unas partes nos da la razón a quienes interpusimos la acción de inconstitucionalidad y en otras respeta la ley como está.
El diputado perredista añadió que el próximo miércoles asistirán a la SCJN a defender los puntos que en su momento presentaron como acción de inconstitucionalidad.
A su vez, el vocero de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Enrique Benítez Ojeda, consideró que al margen de los tiempos electorales que se viven en varios estados, la resolución de la Suprema Corte será benéfica para el país.
"La Corte tardó un poco en resolver, pero a pesar de ello, está bien que le dé continuidad a esta ley que ha sido motivo de controversia", precisó
Si (
No(
