Los incumplimientos del 'gobierno amigo'

El “gobierno amigo” iba a colmar de bienes y de inversiones una Cataluña marginada por los gobiernos de la derecha, se decía.

Empezaron las promesas y las buenas palabras. Desde la elaboración de un Estatut que Zapatero dijo solemnemente en campaña en Barcelona que apoyaría tal como saliera del Parlament de Catalunya, a la reparación de actos simbólicos como la anulación del proceso que condenó a muerte al president Companys o la conversión del castillo de Montjuïc en un centro internacional por la paz.

Las reivindicaciones históricas en materia de infraestructuras y que han movilizado a actores importantes del empresariado y de la sociedad civil también iban a ser atendidas. Como ejemplos, la gestión compartida del aeropuerto de Barcelona por la Generalitat y el mundo empresarial o la cesión de las vías y el material rodante de RENFE en territorio catalán.

Otras reivindicaciones de orden más identitario también recibían la respuesta positiva del presidente del Gobierno y sus ministros. ¿Qué quieren que figure el símbolo autonómico en las matrículas de los vehículos? Sí. ¿Culminar los traspasos pendientes del Estatut de 1979? Sí. ¿Contituir el Consorcio Tributario entre la Agencia Tributaria y la Generalitat? También. Decían que sí a todo.

Mientras tanto se anunciaba que la justicia de barrio iba ahora en serio, después de que se aprobara, por fin, la Carta Municipal de Barcelona. Lo mismo ocurre con la Biblioteca provincial que tiene que financiar el estado y para la que se habló de ocupar el antiguo Born o la Estación de Francia.

¿En qué han quedado la mayoría de estas promesas? En el olvido, en el silencio administrativo o simplemente en la negativa de facto.

Repasemos, una a una, estas cuentas pendientes:

Anulación del juicio del president Companys
Se ha hecho justicia a medias. La Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, máximo órgano asesor del fiscal general, siempre ha evitado la revisión del caso y directamente anularlo. Pero el pasado mes de marzo decidió atajar de raíz el tema a través de la Ley  de Memoria Histórica, es decir, que a través de ésta se anulaba la sentencia y por lo tanto no era necesario instar a la Sala Militar del Supremo a una revisión. Los fiscales aseguraron entonces que la Ley deja sin validez la sentencia porque ha quedado expulsada del ordenamiento jurídico español en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

La Generalitat había demandado al ministerio público que instara a la Sala Militar del alto tribunal a la revisión de la sentencia que el 14 de octubre de 1940 condenó a muerte al president. Una demanda histórica por parte del pueblo catalán y que hasta entonces el gobierno español se había limitado a aprobar la declaración de reparación y reconocimiento de la figura de Lluís Companys. La vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, en aquel momento, a finales de enero de 2009, llegó a afirmar que el compromiso del gobierno español se agotaba en ese punto y evitaba relacionarlo con la anulación del juicio a Companys. De la Vega aseguró además que ese reconocimiento “no significaba nada más”, es decir, que no tenía efecto ni relación con el proceso para la anulación del juicio a Companys. El compromiso del gobierno, añadía, “se agota en este reconocimiento” independientemente de otras decisiones que adopten las instituciones.

Gestión compartida del Aeropuerto de Barcelona
El programa electoral del PSOE del año 2003 también recogía la gestión compartida del Aeropuerto de Barcelona. PSOE ganó las elecciones y desde entonces... el vaivén de declaraciones acerca del tema. En 2008 El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero , durante la clausura de las jornadas del Círculo de Economía de Barcelona, anunció que la Generalitat gestionaría el aeropuerto del Prat al año siguiente (2009). Y en este mismo año en la inauguración de la T1 del Aeropuerto de Barcelona el ministro de Fomento va y asegura que de momento no hay avances en el traspaso de la gestión de los aeropuertos catalanes. Según dijo, Fomento "está abriendo una reflexión sobre la forma de gestionar los aeropuertos". Por ello pidió tiempo, asegurando que la gestión de Aena no se resuelve "en un par de tardes", y dijo ser "plenamente consciente" de las reivindicaciones catalanas. "Voy a tratar de conciliar el interés general de Aena con el interés legítimo" de la Generalitat.

Y al año siguiente, en enero de 2010, el titular de Fomento, asegura ante los medios de comunicación que la cesión del aeropuerto de El Prat no ha estado “nunca” en la mesa de negociación de la reforma del modelo aeroportuario español puesto que no está previsto en el texto estatutario, que reconoce que el Ejecutivo catalán no puede tener competencia exclusiva en los aeropuertos de  “interés general”. Sin embargo, el Estatut asegura que la Generalitat debe controlar la gestión y el régimen jurídico y económico de todos los puertos y aeropuertos catalanes. Parece ser que nadie se pone de acuerdo dentro de la ejecutiva del presidente Zapatero. El caso es que entre unas cosas y otras la gestión de El Prat está todavía sin resolver.

Cercanías: sonó para informar
Finalmente se consiguió el traspaso de las Cercanías de RENFE, pero sólo la gestión. Las estaciones y las vías no son traspasables porque pertenecen a Adif ni tampoco los trenes y el personal de RENFE. Lo único que puede gestionar la Generalitat son los horarios y el servicio de información.

La partida presupuestaria prometida en inversiones para mejorar la red en principio no se verá afectada por el recorte de Fomento, de modo que se dispondrá de 4.000 millones de euros a añadir a los 600 ya invertidos en el último ejercicio.

Biblioteca Provincial de Barcelona
En 1997 se decidió que Barcelona por fin tendría una biblioteca provincial cuya construcción pagaría el Ministerio de Cultura, sobre un solar cedido por el Ayuntamiento de Barcelona. Desde entonces es mucho el camino recorrido y todavía Barcelona sigue sin esta infraestructura. Se decidió entonces que el lugar elegido para este emplazamiento sería el mercado del Born, al que se daba así un nuevo uso, y ganó el concurso de arquitectura el equipo de Enric Soria y Rafael Cáceres.

Tras la polémica y el debate ciudadano surgido tras el descubrimiento de los restos de esta parte de Barcelona que fue arrasada por la tropas borbónicas tras la derrota de 1714 y que durante años estuvieron enterradas bajo el foso que rodeaba la antigua ciudadela, en 2002 se decidió mantener estos restos y transformar el Born en un centro de interpretación de la Barcelona del siglo XVIII. Así que se volvió a estudiar un nuevo emplazamiento para la biblioteca. Solución: el solar detrás de la estación de Francia, que cuenta con una superficie de 5.504 metros cuadrados, aunque según se explicó en su día, está previsto que la superficie global del edificio sea de unos 18.000 metros cuadrados con un coste aproximado de 40 millones de euros.

Sin embargo eran necesarios 8 años más para convocar el concurso de arquitectura para su construcción. Y finalmente, el BOE publicó en diciembre de 2009 la convocatoria del concurso. En 36 meses, es decir, en tres años, podría estar levantada la nueva biblioteca. Los arquitectos tuvieron hasta el pasado 16 de febrero para presentar la solicitud de participación y actualmente se están estudiando uno a uno. El Consistorio prevé que, una vez redactados los proyectos básicos y de ejecución, las obras puedan comenzar a principios de otoño de este mismo año. Hasta entonces Barcelona queda a la espera de una biblioteca provincial que ya tienen todas las capitales del resto de España.

Matriculación Autonómica
En muchos países europeos los conductores pueden elegir entre distintas opciones: el distintivo del país, del país y estado, o sólo el del estado, mientras que en España se siguen sancionando los distintivos territoriales como la leyenda ‘CAT’. Por ejemplo, la reforma del sistema de matriculación francés que entró en vigor el 1 de enero de 2009, establece que los vehículos tendrán un sólo número de matrícula de por vida (de cuatro letras y tres números) que no identificará la procedencia geográfica como hasta ahora permitía el sistema instaurado en 1950. Pero para compensar la desaparición del número de departamento, considerado corno seña de identidad, el Presidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy, aceptó incluir en la parte derecha de la matrícula y sobre una franja azul un distintivo regional y el número de departamento, tal como ocurre ya con el logotipo europeo. Y serán las regiones las encargadas de decidir su distintivo.

El sistema propuesto por Francia es similar, por no decir idéntico, al propuesto por Cataluña en el año 2000 cuando mediante una iniciativa centralista del Gobierno de Aznar se cambiaron las matrículas en España, erradicando toda referencia a la pertenencia territorial en todo el Estado. Pero el 11 de octubre de 2007, Isaura Navarro Casillas, diputada de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y Joan Herrera Torres, portavoz del Grupo, presentaron una proposición no de Ley ante el Congreso de los Diputados por la cual instaban al Gobierno a “adoptar las medidas necesarias para incluir los distintivos autonómicos en las matrículas de los vehículos, en el plazo de tiempo más breve posible”.

Ya han pasado 3 años y se sigue en el mismo punto de partida. El Gobierno central no ha hecho nada al respecto. Y es que esta proposición ha suscitado una gran polémica entre el sector de los vendedores de coches de segunda mano, quienes a través de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam) han transmitido al Gobierno que de aprobarse la proposición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, “encontraremos más dificultades para vender nuestro coche fuera de nuestra comunidad”. Además alegan que “si no se identifica el vehículo se evitan, además, actos de vandalismo”.

La Reforma del Poder Judicial
El programa electoral del PSOE del año 2003 recogía la propuesta de que los tribunales superiores fuesen la última instancia judicial en cada comunidad. Sin embargo, este es uno de los aspectos más importantes del Estatut mutilados por el fallo del Constitucional. El artículo 97 del texto consagraba el Consejo Judicial de Cataluña anulado. La vicepresidenta primera, Fernández de la Vega, aclaró que la anulación de esa pretensión autonomista catalana por el Constitucional no se debía al fondo de la cuestión, sino a la vía elegida. Esto es, que el Consejo Judicial de Cataluña no se podía establecer por la vía del Estatuto, sino por la de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así lo señala la propia sentencia del tribunal.

No obstante, esta misma semana fuentes de la Moncloa han apuntado al otoño como la fecha en qué las dos partes habrán acordado un índice de temas a rescatar del la sentencia del Estatut y la herramienta más idónea para hacerlo (ley orgánica, decreto, convenio de colaboración...). El primero ya en marcha, como ha confesado De la Vega, será la ley orgánica del poder judicial para amparar el único artículo anulado por el TC por inconstitucional, el 97, que creaba el consejo de justicia catalán.

La Ley de Justicia de Barrio
Otra ley sin resolver. Barcelona, tal y como apunta su Carta Municipal “pretende ser una ciudad segura, que aspira a una justicia ágil, innovadora, próxima a los ciudadanos y ciudadanas”. Sin embargo, esa demanda que se hace desde el Consistorio no llega a hacerse realidad desde Madrid. La ciudad sigue sin tener una ley de Justicia de Barrio que permita la agilización de los trámites judiciales. De ese modo, lo único que se consigue es que resoluciones judiciales de poca complejidad se resuelvan con años de por medio.