Un acuerdo razonable

¿Tiene un andaluz o un castellano-manchego los mismos derechos, ante la sanidad pública, que un catalán o que un navarro? Parece evidente que sí, y es algo, en teoría, se puro sentido común. Sin embargo, las transferencias sanitarias a las distintas comunidades autónomas han perfilado un mapa desigual, y hay regiones en que el Servicio Público de Salud funciona mejor que en otras. Regiones en las que hay menos listas de espera, en que los plazos para una intervención quirúrgica son distintos, y en que hay más o menos profesionales sanitarios en relación con el número de habitantes.

Ayer el ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han acordado redactar y desarrollar un Real Decreto que establezca un máximo de 180 días de espera (es decir: seis meses) para intervenciones cardiológicas, de cataratas, o de prótesis de cadera y de rodilla. No se trata de dar marcha atrás en las transferencias sino de establecer un pacto de mínimos para que todos los españoles tengan un idéntico y efectivo acceso a la salud.

Nos parece muy bien este acuerdo, y de tal modo nos parece bien que sugerimos que se amplíe a otras actuaciones sanitarias, y a otros ámbitos de servicio público, como la Justicia. ¿Por qué no se acuerda, por ejemplo, que las sentencias judiciales deban ser dictadas en un plazo máximo de seis meses, y que los papeles no se duerman en el fondo de los archivos hasta que su señoría, tan agobiada, con la oficina tan colapsada, tiene a bien redactar y hacer pública su decisión?

Y lo que decimos de la Sanidad y de la Justicia lo podemos ampliar a las facultades de los ayuntamientos para otorgar una licencia de urbanismo, o a las comunidades autónomas para pagar una subvención a un parado o a una persona merecedora del salario social mínimo.

Y aún en tiempos de grave crisis económica, apostamos porque España deje de ser el país burocrático de “vuelva usted mañana” y disponga de una maquinaria eficaz para resolver los problemas de los ciudadanos… Y si faltan profesionales de la sanidad y si sobran enchufados “a dedo” del protocolo y de las vanidades, que se tomen medidas y que se ajusten los servicios reales a las necesidades verdaderas.

Un paciente de cataratas de Lugo, por ejemplo, tiene los mismos derechos a corregir su visión que un paciente de cataratas de Tarragona. Así de sencillo, así de claro, que los ojos no hablan ni en gallego ni en catalán.


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