La defensa de un ex edil de Marbella habla de instrucción "de tipo fascistoide"

La defensa del ex edil de Marbella (Málaga) José Luis Fernández Garrosa se ha referido al "desorden, al caos, a la instrucción de tipo fascistoide que ha habido aquí" en el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí, y ha considerado que se ha vulnerado "la Constitución, que es lo más sagrado".

   El letrado Primitivo de la Quintana ha asegurado que en este caso "se vulnera lo más importante, que es la Constitución, la madre de todo" y ha señalado que "si se vulnera esto, se vulneran todos los derechos". Ha destacado la labor del segundo instructor de la causa y de la Sala, que se enfrenta "a un gran marrón" y a la que ha pedido "piedad y respeto a la Constitución, artículo por artículo".

   Ha apuntado "lo difícil que tiene que ser para esta Sala actuar sin estar presionados por el montaje que hay ahí fuera" y ha manifestado que si el proceso se para "están ustedes que tienen que ir a vivir a Inglaterra". Ha considerado que "la prensa del corazón es la que ha montado este asunto", junto con "la Policía, los hombres de Harrelson; y un juez que se dice jefe de la Policía".

   El letrado ha explicado la detención de su cliente, en la que "los hombres de Harrelson" detuvieron primero a la mujer del ex edil "sin razón alguna" y luego "al estilo americano" a su cliente, al que "le dicen: quietecito". Calificó esta situación de "tortura", aunque posteriormente lo tuvo que retirar ante una nueva advertencia del presidente del Tribunal, José Godino.

   Ha criticado que a su patrocinado "lo meten en la cárcel durante cuatro meses, porque hay unas siglas" y ha indicado que éste "se retractó de todo lo que se vio obligado a decir en la primera declaración". A su entender, se cumplen todas las condiciones para la nulidad, además, porque "faltan documentos, que no sabemos si son fundamentales ni dónde están".

   Por su parte, la defensa de la ex edil socialista Belén Carmona ha asegurado que para todos los letrados "algo huele mal" en la primera fase de instrucción y ha manifestado que se vulneraron "todos los derechos fundamentales". El abogado Pablo Lasso ha apuntado que las cuestiones previas deben ser atendidas "como tal, sin tener en cuenta si hubo recursos anteriores".

   Ha explicado que seguramente las acusaciones dirán que no ha habido ninguna resolución que no haya sido recurrida, con lo que "nos encontramos con que todas las cuestiones previas relativas a vulneración de derechos fundamentales lo más seguro no van a ser admitidas", pero ha añadido que "no creo que una Sala tan experimentada deba caer en la simpleza de que ya hubo en su día recursos resueltos".

LOS ARCHIVOS MARAS

La defensa de la ex edil del Partido Andalucista (PA) María José Lanzat ha asegurado que "está acreditado que no hay garantía de que las anotaciones de los archivos Maras --donde aparecen iniciales de presuntos cobros y pagos que se asocian a algunos acusados-- no pudieran ser alteradas por nadie", por lo que ha pedido la nulidad del CD que contiene estas anotaciones por considerar que "no se ha respetado" la cadena de custodia.

   En este sentido, se ha realizado una demostración práctica en la Sala consistente en el visionado de las fechas de grabación y modificación de dicho soporte informático y en la introducción de nuevas iniciales en el archivo, en concreto las del fiscal y los magistrados del Tribunal.

   Tras esta prueba, el letrado Hipólito Marín ha insistido en que ese CD con los archivos de la sociedad Maras "no contiene la garantía de integridad e intangibilidad necesaria para este tipo de pruebas" y ha manifestado que dichos documentos estuvieron "más de cuatro meses fuera de la custodia judicial".

   Por tanto, el abogado ha apuntado a "la posibilidad de que dicho CD haya podido ser alterado", aunque ha expresado que no duda en ningún momento "de la honestidad ni profesionalidad" de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

   Asimismo, se ha referido a este trámite de cuestiones previas, que ha calificado de "test de constitucionalidad al proceso en su fase de instrucción" y ha considerado que es "una oportunidad jurisdiccional para corregir las importantísimas infracciones acaecidas con relevancia para los derechos fundamentales de los acusados"; además de suponer una ocasión para hacer "una limpieza mental y física", como ya dijo el letrado Pablo Luna.

   No obstante, ha dicho ser consciente de que muchas de estas cuestiones ya fueron planteadas con anterioridad y en la mayoría de los casos se ha ido "dando respaldo al juez instructor", aunque ha apuntado que con la visión conjunta que hay ahora, junto a "la profesionalidad y solidez jurídica" del Tribunal "harán bueno lo que ya he visto que se está pidiendo, que la Sala esté a la altura de las circunstancias".

   "Estoy seguro de que la Sala sabrá señalar, acabar y corregir lo que de excepcionalidad jurídica constitucional ha tenido la tramitación de este caso durante toda su fase de instrucción", ha manifestado Marín, quien ha asegurado, a nivel general, que hubo "detenciones instrumentales, espectaculares e innecesarias".

   Ha apuntado el "deseo de dar imagen de eficacia en la lucha contra las corrupción" y ha aludido a "la amenaza" de la prisión provisional para "arrancar confesiones y declaraciones inculpatorias", aunque en el caso de su cliente, ésta "dijo que no" había cobrado dinero del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, lo que, en su opinión, "le costó cuatro meses en prisión provisional".