El entusiasmo con el que se ha recibido la emisión, por el Gobierno de Cataluña, de los llamados 'bonos catalanes' podría llevar a la conclusión (equivocada como veremos) que ésta es la solución a todos los problemas económicos de Cataluña, presentes o futuros. La falta de análisis entre periodistas y políticos y aun entre el público que se supone entendido sobre las ventajas y desventajas de emitir bonos ha llevado al público en general a creer que la emisión de bonos es el elixir mágico para arreglar cualquier problema económico. La realidad dista mucho de esa visión fantasiosa de la bondad de los bonos creada por el gobierno catalán. La realidad es que los bonos son un pagaré que emite el gobierno y que como toda deuda, puede ser bien o mal utilizada. Analicemos por tanto el caso del 'bono catalán' y las implicaciones de su utilización.
Empecemos por el costo de los bonos y los beneficiarios de los mismos. Los bonos se han emitido a un plazo de un año y pagan un 4,75%, una tasa de interés muy ventajosa para el comprador. Pero el Gobierno paga 7,85% cuando se toma en cuenta la comisión que se paga a los bancos y otras instituciones financieras que han colocado los bonos. Eso representa tres veces el costo o más de lo que le cuesta al gobierno alemán colocar bonos parecidos. Es decir, buen negocio para el inversionista y mal negocio para el gobierno catalán. ¿Para el Gobierno catalán? No, claro que no. Los que van a pagar esos 2.500 millones de Euros más intereses dentro de un año serán los impuesto-pagantes catalanes. Y aunque los compradores de los bonos también sean catalanes (que no lo serán todos), no se puede suponer que los inversionistas y los impuesto-pagantes serán los mismos. Es decir que la emisión de los bonos conlleva una redistribución del ingreso a favor de los inversionistas y en contra del impuesto-pagante catalán.
Pero hay más. El dinero que utilizan los inversionistas para comprar los bonos no ha salido de debajo del colchón (ni mayormente de ningún paraíso fiscal). La mayor parte de ese dinero viene de cuentas corrientes o de ahorros que mantenían los inversionistas en algún banco o caja de ahorro o proviene de la liquidación de otras inversiones. Es decir que hay también una redistribución de dinero del sector financiero privado (y por tanto potencialmente del sector privado que hubiera podido recibir ese dinero en forma de crédito) al sector público catalán. Y ello tiene algunas implicaciones ya que no todos los bancos y cajas que van a perder depósitos y ahorros son los mismos que están colocando los bonos y que se van a ganar esa casi escandalosa comisión del 3,10%. Y aunque es cierto que los bancos y cajas tampoco están colocando sus depósitos en forma de crédito al sector privado (y que por lo tanto, el sector privado quizás no hubiera tenido más crédito sin los bonos), lo cierto es que se va a producir una redistribución del ingreso a favor del sector público y en contra del sector financiero privado y potencialmente del sector empresarial (que está falto de crédito).
Veamos ahora el uso e impacto de esos 2.500 millones de Euros que fluyen al sector público provenientes de la colocación de los bonos. Es bien sabido que el aumento de la deuda pública, aunque raramente es bueno, puede ser mejor o peor dependiendo del uso que se hace de ese dinero. En general, el peor uso de bonos es para pagar gastos recurrentes del presupuesto ya que esos gastos recurrentes volverán a repetirse al año siguiente y por tanto es una solución corto-placista y que no ayuda a solucionar el problema de fondo. Y ese es exactamente el uso que dará el gobierno catalán a los fondos que vienen de los bonos: van a pagar salarios y otros gastos recurrentes. Se puede argüir que sin los bonos, no se hubieran podido pagar sueldos de empleados públicos y de proveedores y que por tanto los recursos de esos bonos van ayudar al consumo del sector privado. Pero aunque así sea, ¿qué ocurrirá el año próximo? No solamente habrá que volver a buscar dinero para pagar esos sueldos (a menos que el problema de la falta de recursos en el presupuesto se solucione, lo que parece poco probable), sino que además el presupuesto tendrá que pagar también los intereses de la deuda contraída este año y si no hay todavía suficientes recursos, deberán emitirse más bonos para cubrir el agujero en los gastos recurrentes más los intereses de la deuda contraída este año y quizás a una tasa de interés todavía más alta…..Esto es exactamente el principio de un esquema de Ponzi, en el que se paga a Pedro lo que se ha recibido de Pablo. Mientras hayan Pablos… claro!
Un par de conclusiones. Primera. Hay siempre alternativas al uso de bonos y al aumento de la deuda. Por ejemplo, la reducción del gasto público (como se está haciendo en Irlanda, en el Reino Unido, en Alemania y en muchos otros países). No se propugna aquí dicha alternativa. Pero sería bueno que en nuestra tan cacareada democracia se discutieran públicamente las alternativas y que el impuesto-pagante tuviera la oportunidad de opinar… y de votar sobre ello como ocurre en muchas democracias.
Pero la conclusión más importante es que la política del gobierno catalán en relación a la deuda y los bonos bordea la irresponsabilidad económica. Cataluña lleva años pagando en términos netos al resto de España mucho más de lo que recibe. Al recibir menos de lo que es necesario, Cataluña se ve obligada a emitir más deuda. En términos económicos, la deuda catalana financia en realidad el déficit fiscal español, no el catalán. Si se redujese la balanza fiscal negativa entre Cataluña y España no sería necesario, en principio, aumentar la deuda catalana para pagar salarios. En época electoral, es especialmente importante que el votante catalán entienda mejor las implicaciones económicas de la emisión de esos bonos y lo que significa esa deuda que tan alegremente está contrayendo el Gobierno.
Si (
No(
