El Defensor sugiere a Interior que se haga cargo de los gastos de la una víctima del 11-M

De esta forma, atiende la reclamación que el padre y el hermano de la joven, natural de Parla, le hicieron llegar a la Institución para que el Ministerio del Interior se hiciese cargo de los gastos, de los que hasta el momento responde la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

Según el informe, "esta ciudadana se encuentra en inconsciente e inmóvil", por lo que además de otros cuidados médicos que recibe, resulta "de extraordinaria importancia" para ella el uso de determinados útiles y productos como almohada de látex, toallitas hidratantes, gel bucal o cremas balsámicas.

Los familiares tramitaron dos expedientes a Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, antes de dirigirse al Defensor. El primero de ellos fue denegado ya que "al permanecer ingresada... en la Fundación Instituto San José, con cargo a recursos públicos, a través de FREMAP, tiene garantizada la asistencia sanitaria integral y los cuidados personales derivados de ella". Sin embargo, la institución verificó que los productos "deben ser adquiridos por lo familiares".

Por su parte, la Subdirección General de Ayudas a Víctimas del terrorismo y de Atención Ciudadana del citado Ministerio hizo saber al Defensor que, a instancias de esa unidad, la Fundación Víctimas del Terrorismo se está haciendo cargo de los distintos gastos, incluido el de aseo personal.

La institución, quien califica de "encomiable" de la gestión tanto por parte del Ministerio como de la Fundación, señala la "precariedad que significa que la satisfacción de determinados gastos no se funde en la aplicación de una norma legal, sino en un acuerdo puntual ante la FVT.

En concepto de "tratamiento médico"
Asimismo, apunta que tal gestión no soluciona el concepto de "tratamiento médico" en víctimas de terrorismo en estado vegetativo permanente, ya que "por desgracia" el tratamiento que puede efectuarse se limita a "procurar conservar la vida en las mejores condiciones posibles", debido a que los tres años transcurridos desde el atentado del 11 de marzo de 2004 "convierten en altamente improbable" la recuperación de la joven.

Por ello, el Defensor del Pueblo recomienda al Ministerio que se haga cargo directamente de los gastos en consideración de que constituyen "tratamiento médico" y, porque "resulta insatisfactorio" para los familiares "al considerar que no tienen derecho a estas prestaciones, sino que son fruto de una gestión concreta que podría no haberse producido o se potencialmente reversible en el futuro".