El lío que tiene el Gobierno con lo relacionado con la energía nuclear es fenomenal: nadie coincide con nadie -el ministro de Industria versus Presidencia; portavoz parlamentario versus ministro de Industria, etc.- y, por tanto, se aprecia una política tan errática que nadie sabe a qué atenerse con Zapatero. Pero lo peor, y esto es lo más censurado por la izquierda real, ha sido el nombramiento de Fabrizio Hernández como secretario de Estado de Energía y la defensa que el Ejecutivo hace del mismo pese a su clara vinculación con las nucleares. Es evidente que el PSOE se ha convertido en una 'Babel', al menos en este terreno.
Hace unas fechas, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, llevó al Consejo de Ministros el nombramiento de Fabrizio Hernández como secretario de Estado de Energía. Gaspar Llamazares, de IU, preguntó escandalizado al Gobierno por este nombramiento, dado que Hernández era ejecutivo de una consultora a la cual las nucleares le pidieron un informe para demandar al Gobierno, y la semana antes de que tuviera que declarar contra el Estado, al que le piden 951,4 millones de euros por el cierre de Garoña, el ministro Sebastián le nombró secretario de Estado de Energía. Por este contrasentido, Llamazares pidió explicaciones por escrito al Gobierno.
En su contestación, a la que ha tenido acceso este diario e-Xclusivo, el Ejecutivo reconoce que sí, que Hernández "ha desempeñado sus labores profesionales como experto en mercados energéticos en una consultora del ámbito privado, NERA, que realiza informes y estudios sobre aspectos del sector energético". Y que, efectivamente, que sí, que en el desempeño de esa tarea, Hernández "ha participado en la elaboración de múltiples informes y análisis en el ámbito de la energía, lo que le confiere la categoría de experto y le hace ser un gran conocedor de este sector".
Para IU, esta respuesta gubernamental es 'escandalizadora', porque el Gobierno alega que ese trabajo de Hernández "nunca lo ha realizado directamente para una empresa energética sino para una consultora que, a su vez, ha sido contratada por una empresa del sector de la energía. Ni es accionista ni ha ocupado puesto directivo alguno en empresas energéticas".
"Un contrasentido", nos dicen nuestras fuentes de IU, sobre todo porque observen cómo responde el Gobierno a la pregunta de por qué le nombran si resulta que es una pieza del pleito que tienen las nucleares contra el Estado: "Al estar desvinculado de su anterior actividad privada [tras su nombramiento como secretario de Estado] no tiene que participar [Hernández] en el recurso de Nuclenor, peritado por Nera", es decir, por la consultora en la que él trabajaba.
Y dando una vuelta más de tuerca, dice el Gobierno en su defensa: "No existe incumplimiento de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, toda vez que esta norma en ningún momento prohíbe el nombramiento de un candidato que provenga de un sector de la actividad privada relacionado con el cargo que ocupará. Así, lo único que establece dicha Leyes un régimen de abstención e inhibición, que establece cautelas en orden a garantizar la imparcialidad e independencia del alto cargo en el desempeño de sus funciones públicas, de modo que no se vea menoscabado por supuestos intereses".
"Toma ya", dicen castizamente en IU, toda vez que el Gobierno admite con desparpajo que "la Oficina de Conflicto de Intereses no ha emitido dictamen sobre la cuestión planteada y, en consecuencia, no procede valoración alguna" (sic).
En fin, otra incongruencia de las muchas de Zapatero con esta crucial cuestión.
Si (
No(
