La Fiscalía pide un año de cárcel para los responsables de la perrera de Puerto Real

La Fiscalía de Cádiz solicita en su escrito de acusación un año de cárcel para el propietario, la directora y los dos veterinarios de la perrera de Puerto Real (Cádiz), donde los animales recogidos eran supuestamente sacrificados con Mioflex, un relajante muscular que les ocasionaba una muerte "lenta y agónica" por asfixia.    Así lo ha anunciado este miércoles la asociación proteccionista de animales El Refugio en un comunicado en el que también recuerda que denunció los hechos en junio de 2007, iniciándose un procedimiento penal en el Juzgado número dos de Puerto Real en el que El Refugio está personado como acusación y en el que piden 18 meses de cárcel para los acusados.    Según explica esta asociación, además del año de cárcel, la Fiscalía solicita la inhabilitación especial por tiempo de tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales para los cuatro acusados.    Señala que en el escrito de la Fiscalía se puede leer textualmente que con la aplicación de Mioflex el animal muere "literalmente ahogado y consciente de ello" y que esas circunstancias era "plenamente conocidas" por los acusados. Tilda de "cruel y dolorosa" la práctica de tales sacrificios, que perseguían "abaratar costes, puesto que el precio de los medicamentos que son los que se utilizan en una eutanasia ética y reglada es considerablemente más elevado".    Asimismo, subraya que el Ministerio Fiscal recoge en su escrito que "los animales que se recogían procedentes de atropellos y accidentes eran dejados sin asistencia veterinaria desde el viernes por la tarde hasta el lunes, ya que no contaban con servicio de guardia de fin de semana, por lo que muchos de ellos morían, en ocasiones desangrados tras lenta agonía, o quedaban incapacitados gravemente".    Finalmente, la organización proteccionista saluda que el primer procedimiento penal por maltrato animal del país vaya a celebrarse "en breve" y recuerda que los supuestos penales que se imputan a los acusados son presuntos delitos de falsedad documental y denuncia falsa, así como delito continuado de maltrato de animales.