Moreno destaca que el Gobierno de Griñán defiende "cada euro de Andalucía" y trabaja para "contrastar las cifras"

  La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha asegurado que la Junta, con el presidente, José Antonio Griñán, a la cabeza, "se ha caracterizado por defender cada euro de Andalucía", razón por la que ya se trabaja en "contrastar las cifras" que el Gobierno autonómico reclamará al Estado por inversiones no ejecutadas en 2008 y que por el momento estima en unos 500 millones de euros.    Así lo ha señalado Moreno este martes a preguntas de los periodistas durante la visita que ha realizado a la feria de San Agustín, en el municipio jiennense de Linares, sobre el ajuste de las partidas que se corresponden con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía.    "El Gobierno de Griñán se ha caracterizado por defender cada euro de Andalucía en cada momento de la legislatura y, por tanto, ahora toca si efectivamente las inversiones que constan en los presupuestos se han llevado a la realidad y se han materializado", ha apuntado la titular de la Presidencia.    En este sentido, ha recordado que la Junta tiene una estimación de 500 millones de euros aproximadamente que no se habrían invertido dentro del cómputo total de las inversiones efectivamente materializadas en España. "Vamos a trabajar de aquí a esa reunión de la bilateral (comisión Junta-Estado) para contrastar las cifras y que esa comisión cierre un acuerdo al respecto de esa cantidad", ha destacado.    No será éste el único asunto de interés que se abordará en el citado encuentro previsto para la segunda quincena de septiembre. También deberán ultimarse las transferencias del río Guadalquivir, para lo cual ambos Gobiernos están cerrando un modelo de gestión como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Según ha añadido, "todavía quedan flecos", si bien va a ser un "modelo positivo que va a estar plenamente operativo en el mes de octubre".    Junto a ello, ha aludido al anuncio de Griñán de formalizar una iniciativa legislativa autonómica para que sean las Cortes Generales "las que finalmente se pronuncien sobre la procedencia de delegar a Andalucía más competencias" sobre la gestión del Guadalquivir a través del artículo 150 de la Constitución, que prevé cuestiones como ésta.    "Por tanto, desde el punto de vista técnico y jurídico tenemos un modelo prácticamente cerrado que va a ser positivo para Andalucía, para el agua y todos los sectores en los que tiene impacto el agua y el río Guadalquivir y, a partir de ahí, una aspiración política: Que sean las propias Cortes, que aprobaron el Estatuto de Autonomía, las que se terminen pronunciando sobre el nivel de delegación de competencias a la Junta sobre el río", ha concluido.