Reunión clave por el futuro de YPF

La reunión extraordinaria fue solicitada el pasado viernes por el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, que es quien desde hace tres semanas representa al Estado argentino en el directorio de YPF, en la que Repsol tiene el 57,43 por ciento de las acciones. El pedido se realizó el mismo día que Petróleos Mexicanos (Pemex) adquirió una participación adicional del 4,62 por ciento en Repsol. Con esa operación, Pemex y la española Sacyr Vallehermoso, que el 29 de agosto sellaron un acuerdo para sindicar sus derechos de voto en Repsol, alcanzaron una participación conjunta en la petrolera española del 29,8 por ciento. Las autoridades argentinas temen que esta alianza derive en cambios en la conducción de Repsol y, por ende, afecte a YPF. Por eso, reclaman que las autoridades de Repsol, Sacyr Vallehermoso y Pemex informen "a la brevedad" si el cambio accionarial en Repsol generará algún tipo de impacto o variación en los planes de inversión y producción en YPF. Al pedir la reunión de directorio, el Gobierno de Cristina Fernández recordó que el Estado, además de tener facultades de control en las empresas proveedoras de energía, tiene una "acción de oro" en YPF. El Estado argentino, a través del Ministerio de Economía, es titular de apenas mil de las 393,3 millones de acciones de YPF, pero tiene derecho a participar de las decisiones del directorio y poder de veto desde la privatización de la compañía, en 1999. "Esperamos que no se produzca ningún cambio institucional en la empresa y, si lo hubiera, tenemos el poder de veto", advirtió el pasado viernes el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido. El manejo ejecutivo de YPF está en manos de la familia argentina Eskenazi, dueños del grupo Petersen, titular del 25,46 por ciento de la productora de hidrocarburos, y con estrecha relación con el Gobierno de Cristina Fernández.