Off the record - 19 julio 2007

“CONSEGUIDORES”, UN COSTE FIJO

Manuel Martí, el secretario general de la asociación de promotores y constructores de España, ha ratificado públicamente en los cursos de El Escorial, y con mayor dureza y claridad expresivas, lo publicado en esta sección: “Las empresas del sector tienen que incluir entre sus costes fijos la retribución de los conseguidores”.

Señala así la responsabilidad muy principal de los municipios en la formación, durante los últimos años, de la llamada burbuja inmobiliaria, esto es, la escalada desmedida de precios. No hay espacio para llamarnos a engaño.

Mientras las autoridades locales tengan tanto poder sobre decisiones urbanísticas de las que derivan cifras multimillonarias de negocio y beneficios, habrá personas cercanas a esas autoridades que harán de “conseguidores”, y promotores y constructores se enfrentarán al dilema diabólico de ser “paganos” de la corrupción o paralizar su actividad empresarial.

POLÍTICOS QUE “VENDEN EL INTERÉS GENERAL”

Son numerosos los elogios al coraje demostrado por este dirigente patronal, que sirve al menos para poner las cosas en su sitio: la corrupción no nace de las empresas sino de los políticos, y tanto empresas como consumidores son las víctimas.

Entró también Manuel Martí en ese secreto a voces de lo que sucede con las cesiones de suelo obligatorias y el aroma a Chicago años 30 cruzó la sede académica. Acuñó una frase afortunada y descriptiva: “El excesivo poder de alcaldes y concejales de urbanismo les tienta a vender el interés general”.

UN CASO QUE PUEDE SER EJEMPLAR

Y tanto. De momento sólo son algo más que rumores, pero pronto puede haber noticia en un importante municipio turístico de Tenerife, en el que las grandes expectativas de negocio pueden haber sido determinantes para un pacto político contra natura y contra la voluntad de la alta dirección de los partidos. Estaban en juego precisamente la alcaldía y la concejalía de urbanismo.

¿Qué familia muy, muy importante, tiene en ese municipio unos valiosos y bien situados terrenos? ¿De quienes depende que sigan siendo sólo eso, terrenos, o sirvan de lanzadera de una importante operación inmobiliaria? ¿Qué relaciones hay con políticos locales? ¿Quiénes y por qué y cómo han gestionado el pacto? Habrá que seguir en antena, porque el asunto promete.

LUIS DE GUINDOS: RECETAS LIBERALES

En el mismo escenario de El Escorial, uno de los más cercanos colaboradores de Rodrigo Rato, Luis de Guindos, de quien se habló incluso como posible ministro de Economía, ha tenido dos intervenciones, una extraordinariamente afortunada sobre los riesgos que algunos se niegan a ver para la economía española y otra un tanto ingenua sobre los arrendamientos.

Con precisión quirúrgica, De Guindos señala el peligro en el círculo virtuoso que conforma el sector inmobiliario con la economía española. Si la edificación se desacelera, los tipos suben y las familias tienen problemas financieros para cumplir sus obligaciones, la retracción del consumo pondrá en peligro la evolución del PIB.

Ante el endurecimiento previsible de los criterios de financiación, se necesita un crecimiento ordenado y diversificado de la economía, e inexcusablemente, unas cuentas públicas saneadas. No parece que el gobierno vaya precisamente por ese camino.

Lo otro, la reforma de la ley de arrendamientos “para flexibilizar los contratos de alquiler y aumentar la seguridad jurídica de los propietarios”  entra, sorprendentemente para un hombre de tanta cultura anglosajona como De Guindos, en esa creencia tan “romanista” de creer que buenas leyes pueden cambiar o mejorar la realidad.

A LA COMUNIDAD DE MADRID, NI AGUA

Desde Madrid es fácil entender el empeño de la Generalitat por gestionar los trenes de Cercanías, si es que el servicio prestado por Fomento en Catalunya se aproxima a los niveles ínfimos de calidad con que se presta en el entorno de la capital.

La incertidumbre en los horarios, las averías que se repiten una y otra vez, la falta de información a los usuarios, las megafonías inaudibles y con frecuencia equivocadas o confusas, el abandono de no pocas estaciones, convertidas en zocos de espantable suciedad… describen ahora, no siempre fue así, las Cercanías ferroviarias de Madrid.

En los trenes y andenes es un clamor la demanda de que la Comunidad de Madrid se haga cargo de la gestión de Cercanías, a fin de que los ciudadanos puedan tener un servicio eficiente y de calidad.

DOCTRINA SALGADO: NI BARAJAS, NI CERCANÍAS

Respondiendo a esta demanda ciudadana, Esperanza Aguirre se ha pasado de prudente al reclamar una especie de cogestión entre la Comunidad de Madrid y el ministerio de Fomento de lo mismo ya concedido por Rodríguez Zapatero a Catalunya: el aeropuerto y las Cercanías. Sin embargo, la ministra Elena Salgado ha saltado como una pantera: “No hay un Estatuto que ampare esta petición”.

Y es que en la Comunidad y en la capital gobiernan “las derechas”, y no mediante arreglos post electorales, por supuesto legales, como el derrotado PSC gobierna en Catalunya, sino por nítida y rotunda mayoría absoluta.

Ya se sabe que, en la doctrina actual de La Moncloa, al enemigo –eso del adversario era cosa de las debilidades de la transición– ni agua. Menos mal que el agua se gestiona por la Comunidad, por cierto, con admirable eficacia.

EL RARO MUNDO FREUDIANO DE LOS COMPLEJOS

Además, si las Cercanías funcionan mal, cientos de miles de madrileños tendrán que entrar a diario en Madrid por carretera. Unos millones de coches adicionales para colapsar la capital, a ver si Ruiz-Gallardón, el que laminó al amigo del presidente, se entera de lo que vale un peine.

“Es tan evidente la aversión que, por causas desconocidas, profesa Rodríguez Zapatero a Madrid y a los madrileños que quizá convenga ir pensando en una capital administrativa a algunos kilómetros de la ciudad, como hizo Mussolini en Roma”, me dice con humor un viejo y famoso amigo italiano, enamorado de Madrid, donde tuvo puesto relevante. “Nadie podrá impedir que Madrid se consolide como la ciudad más alegre y con mejor calidad de vida del sur de Europa”, añade.

INSPECCION DE HACIENDA: REBELIÓN A BORDO

Con menos humor se lo toman los inspectores de Hacienda, ante la voluntad de la naciente Agencia Tributaria catalana de ser la única administradora de tributos, tanto autonómicos como estatales, en el ámbito territorial de Catalunya.

Ven problemas técnicos serios de control y gestión de los impuestos, pero temen, sobre todo, que la generalización de ese modelo a todas las Comunidad autónomas sacaría de hecho el control del fraude de manos de los técnicos y lo pondría bajo la discrecionalidad de los políticos.

¿Un nuevo espacio para la tarea de los “conseguidores”? Los inspectores con más larga trayectoria te cuentan historias asombrosas de la actividad de mafias locales conniventes con políticos autonómicos para intentar, hasta ahora sin éxito, burlar los controles de la administración central tributaria.

¿Qué puede suceder cuando esos políticos tengan instrumentos administrativos para manejarse? El asunto tiene más trasfondo del que parece y dará que hablar en las próximas semanas. Algunos no están dispuestos a callarse.