El Gobierno ha remitido a los Grupos Parlamentarios el “Anteproyecto de Ley por el que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Física y la Prestación Económica de pago único nacimiento o adopción de la Seguridad Social”. Ahora bien, lo ha enviado al Congreso sólo unas horas antes de que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, informe en la correspondiente Comisión del Congreso del famoso ‘cheque-bebé’ prometido tan alegremente por Rodríguez Zapatero. ¿Será, acaso, para que no tengan tiempo de estudiar el polémico anteproyecto?
Aunque ése fuera el deseo del Gobierno, los Grupos ya lo han visto y el ‘cheque-bebé’ anunciado a bombo y platillo en el pasado debate sobre el Estado de la Nación viene con más problemas añadido que con dinero contante y tocante.
Uno de los puntos fundamentales, al menos para los ciudadanos en ‘edad de merecer’ (o no, que siempre pueden adoptar), lo conforma el artículo 3 del anteproyecto, sobre “Instrumentación e importe”. Dice el artículo lo siguiente:
“Los beneficiarios a los que se refiere el artículo 2 de esta Ley, por cada hijo nacido o adoptado, tendrán derecho a:
“A) Una deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2.500 euros, cuando siendo contribuyente de dicho Impuesto, concurra alguna de las siguientes circunstancias:
“- Que realice una actividad por cuenta propia o ajena por la cual esté dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad en el momento del nacimiento o la adopción.
“- Que hubiera obtenido durante el periodo impositivo anterior rendimientos íntegros del trabajo, del capital o ganancias de patrimonio, sujetos a retención o ingreso a cuenta, o rendimientos de actividades económicas por los que se hubieran efectuado los correspondientes pagos fraccionados.
“Esta deducción podrá percibirse de forma anticipada.
“B) una prestación no contributiva de la Seguridad Social de 2.500 euros, en el supuesto de no cumplir los requisitos establecidos en la letra a) anterior”.
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué los que tengan declarar en el IRPF sólo se lo descontarán en la declaración? Y aunque lo cobren “de forma anticipada”, ¿tendrán que declararlo y para que no les suba la base imponible habrá que realizar un cambio en el Reglamento del IRPF? ¿Y no sabe el Gobierno que un cambio del Reglamento a mediado del ejercicio es inconstitucional, según sentencia del Tribunal Constitucional?
Pero, segundo aspecto, los que no tengan que hacer la declaración anual del IRPF, ¿de dónde saldrán los 2.500 euros que deberán recibir, del superávit de la Seguridad Social? ¿Se aplicarán, por tanto, menos cantidades al fondo de la Seguridad Social para pagar los partos? ¿Y, además, por qué no declaran esta cantidad en el supuesto b)?
Puro electoralismo... con problemática incluida
Son demasiados aspectos confusos en el anteproyecto remitido por el Gobierno, como señala el propio coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, que ha advertido sobre “la indefinición y la falta de un criterio estricto que está demostrando el Gobierno socialista para plasmar en la práctica su electoralista propuesta del ‘cheque bebé’ de 2.500 euros por cada nuevo hijo”.
Es más, Llamazares afirma que “un buen número de personas pueden considerar que el Gobierno les ha engañado con un señuelo electoral utilizado de forma frívola", porque “el famoso ‘cheque bebé’ ya no se trata ni de un cheque, sino que la mayoría de su perceptores o lo tendrán que cobrar a través de la declaración de la Renta del año que viene, a partir del mes de mayo de 2008, o con otras fórmulas imaginativas de difícil encaje legal”.
Por ejemplo, el abono de estos 2.500 euros a través de pensiones no contributivas “puede suponer un serio problema legal, además de generar un conflicto y una polémica entre el Ejecutivo y algunas Comunidades Autónomas en relación a las competencias de cada administración”, según los estudios técnicos que maneja IU.
Además, IU, por ejemplo, no está de acuerdo en que esta medida ‘electoralista’ de Zapatero “tenga un carácter universal para toda aquella unidad familiar que tenga o adopte un nuevo hijo, con independencia de cuál sea su renta, algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo y por lo que pedimos una graduación en función del nivel económico familiar”.
Es más, el importe total es tan desorbitado, que la izquierda real insiste en que el dinero que se va a invertir en esta prestación “podría dedicarse, por ejemplo, a garantizar la gratuidad de las guarderías y de la educación de 0 a 3 años, o a mejoras en la conciliación de la vida laboral y familiar”. Razones, todas ellas, por las que Llamazares ha advertido –mañana se lo dirá al ministro Caldera- que “este proyecto de ley no cuenta en estos momentos con nuestro voto favorable, a menos que se aclare a quién, cómo y cuándo se van a realizar los ingresos. Entonces decidiremos".
Si (
No(
