La Junta de Gobierno de Getafe pide la derogación de la Ley de Medidas Urgentes

Desde el Gobierno municipal, afirmaron que esta ley invade competencias municipales y contiene medidas de dudosa constitucionalidad en materias tan dispares como urbanismo, medio ambiente, transporte, vía pública, incompatibilidades de cargos públicos o en la reserva de la denominación de consejeros a la administración autonómica.

La alcaldesa en funciones, Sara Hernández, manifestó que esta ley no moderniza nada y es un claro ejemplo "de la idea de democracia que tiene Esperanza Aguirre, legislando en beneficio de unos pocos e invadiendo competencias municipales".

Sara Hernández señaló que la limitación de alturas en la construcción de edificios significará un perjuicio para la vivienda pública y supondrá su encarecimiento. "Además, introduce una clara arbitrariedad al exigir un informe de impacto medioambiental para aprobar los planeamientos de los municipios, con lo que la Comunidad de Madrid podrá rechazar y modificar los planeamientos en función de sus propios beneficios", añadió.

La alcaldesa en funciones también indicó que esta ley abre la vía para que en un futuro la vigilancia de los montes de la Comunidad de Madrid esté en manos privadas, aunque sus denuncias carezcan de la misma validez que las de los agentes forestales.

En la proposición aprobada por el Gobierno local se pide la apertura de un proceso de diálogo, "siendo clara y evidente la confrontación política que mantiene el Gobierno regional con el Ayuntamiento de Madrid".

Oposición de los alcaldes socialistas
Varios alcaldes socialistas del entorno de la capital, como el de Fuenlabrada y el de Leganés, se han pronunciado en los últimos días contra la Ley de Medidas Urgentes. Así, el alcalde de Fuenlabrada y vicepresidente de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), Manuel Robles, calificó de "desastre", "sin rigor" y "batiburrillo" el proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Modernización del Gobierno y la Administración Regional aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. En este mismo sentido se mostró el alcalde de Leganés, Rafael Gómez.

Robles denunció que la nueva normativa aborda temas que tienen que ver con el urbanismo y las ordenanzas municipales "sin haber sido debatida con la Federación Madrileña de Municipios", e incurre en "aspectos graves" como el establecimiento de cuatro alturas para las edificaciones, una medida que, según ha adelantado, "elevará el precio de la vivienda protegida en la región".

"La Comunidad de Madrid pretende, de esta forma, modificar la Ley del Suelo por la puerta de atrás y dificultar la creación de vivienda protegida",  afirmó Robles, quien añadió que la Ley de Medidas Urgentes es fruto de "las ocurrencias y necesidades de la presidenta regional, Esperanza Aguirre". El alcalde exigió, en este punto, la retirada de esta Ley, "que ni es urgente ni moderniza la Administración", y la apertura del diálogo con los Ayuntamientos "para la elaboración de un nuevo texto".

En este sentido, el alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, anunció este martes que su gobierno de coalición con IU estudiará la posibilidad de presentar al Pleno una "moción contraria" a la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid porque "perjudica la autonomía municipal". Además, afirmó que la ley "perjudica la autonomía municipal" y que "restará competencias en urbanismo, porque limita la construcción de las viviendas a determinadas alturas".