Ultimátum de la UE a España para que abra sus mercados del gas y de la energía

En el caso de que el Gobierno español no corrija estas irregularidades en un plazo de dos meses, la Comisión podrá llevar los dos casos ante el Tribunal de Justicia de la UE. Éste ya condenó a España el pasado 16 de noviembre por no adaptar a la legislación nacional la directiva sobre liberalización del gas y Bruselas espera que en los próximos días llegue una nueva sentencia que condene a las autoridades españolas por la directiva de electricidad.

Respecto a la insuficiente separación entre los proveedores y las redes, la Comisión considera que impide la competencia justa porque existe el riesgo de que los operadores históricos tengan un acceso preferente a la red, algo que podría dificultar a las nuevas empresas conectarse a la red para suministrar a los clientes a precios competitivos.

En palabras del comisario de Energía, Andris Piebalgs, "sólo la plena puesta en marcha de las directivas por parte de los Estados miembros puede permitir la creación de un mercado interior de la electricidad y del gas que garantice a todos los consumidores europeos una elección real del suministro de gas y de electricidad el 1 de julio de 2007".

Otros 15 países, 'avisados'

Sin embargo, no sólo España está envuelta en procedimientos de infracción. Con ella, otros 15 Estados miembros han recibido dictámenes motivados de Bruselas: Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Polonia, Suecia, Eslovaquia y Reino Unido. Sólo Finlandia y Austria, y en lo referente al sector del gas, han presentado argumentos válidos para la Comisión, de tal forma que se ha archivado el procedimiento que se inició en su contra.

La opinión de Bruselas ante la persistencia en las infracciones es que el marco legislativo actual presenta muchas deficiencias. Para empezar, los reguladores no gozan de independencia ni de poderes suficientes como para garantizar unos mercados abiertos que funcionen eficazmente y de manera no discriminatoria. Además, el marco jurídico actual difícilmente regula de forma eficaz los aspectos transfronterizos del acceso a las redes, tal y como se demuestra por la persistencia de accesos preferentes a los interconectores transfronterizos.

Demasiadas infracciones

Por último, el que haya tantas infracciones relativas a la separación de funciones también demuestra que los Estados miembros siguen sin incorporar correctamente las medidas. Incluso cuando está establecida esa separación jurídica y funcional de los gestores de redes, no siempre garantiza la igualdad de acceso de todos los suministradores.

Ante esta situación, el Ejecutivo comunitario ha realizado un examen a fondo de la situación de cada país para así analizar la eficacia, en la práctica, de las medidas legislativas y reglamentarias en materia de apertura a mercados. Los resultados serán publicados en un informe a comienzos del próximo año, según informa Aquí Europa.