Pumpido: "Es el fiscal quien logra que De Juana no quede libre"

Conde-Pumpido compareció ante la Comisión de Justicia para explicar algunos de los datos que incluye la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2005, cuya presentación tuvo lugar el pasado septiembre en el acto de apertura del Año Judicial. Destacó que las cifras sobre la Fiscalía de la Audiencia Nacional confirman que se "sigue aplicando la ley" y consolidan "una larga trayectoria de acción implacable e intachable".

En su intervención, el fiscal general del Estado reseñó que "mientras otros practican lo que el Tribunal Supremo --en referencia al auto que autorizó contactos de los partidos políticos con la ilegalizada Batasuna-- definió como fraude constitucional, el fiscal no confunde la política con la justicia, ni se presta al juego de mezclarlas para que se interfieran mutuamente".

Insistió en que "el fiscal se limita a cumplir con su deber" y añadió que "espera, por supuesto, contribuir así a que un día no haya más criminales que condenar, ni más víctimas que indemnizar". "Ése el el fin último del Derecho penal y, por tanto, el objetivo final del trabajo del fiscal", apostilló Conde-Pumpido, a quien el diputado popular Juan Santaella acusó de situar al Ministerio Fiscal "al momento histórico de su máxima degradación institucional".

En este sentido, el fiscal general confió en que "los otros harán también el trabajo que les corresponde, precisamente con ese mismo objetivo de que no haya más crímenes y espero que lo harán, por lo menos, con la misma eficacia, la misma responsabilidad y el mismo éxito con el que el fiscal está haciendo lo que la Ley exige".

"Con firmeza"

Conde-Pumpido sostuvo que las cifras de la Memoria sobre los procedimientos judiciales abiertos en relación a ETA ofrecen "resultados tangibles" que demuestran que el fiscal "cumple con su obligación", aunque ésta, según apuntó, "a veces nos enfrente a situaciones extremadamente duras, con una enorme trascendencia social".

No obstante, subrayó que "el fiscal no puede sujetarse a las opiniones, deducciones o juicios de valor de quienes, por muy respetables sean sus criterios, ni están sujetos a las reglas del juego procesal que vinculan a los jueces y a los fiscales, ni comparten con nosotros esa grave responsabilidad". "Por eso, precisamente, la ejercemos con firmeza sin ceder ni a la presión, ni al halago", aseveró.

También hizo hincapié en que cuando dice que "la Justicia sigue funcionando con alto el fuego o sin alto el fuego, con proceso de paz o sin proceso de paz", lo hace como fiscal general del Estado, sin manifestar "una opinión personal o una posición política o ideológica de adhesión a unos o a otros". "Lo que yo hago --insistió-- es dejar constancia de un hecho objetivo y comprobable. Lo demuestro con hechos, de los que soy directamente responsable".

En este contexto, comparó la actuación del Ministerio Público tras el alto el fuego declarado por ETA el pasado marzo con la tregua de 1998, en la que Audiencia Nacional dictó 55 sentencias condenatorias por hechos terroristas relacionados con ETA, que se saldaron con 100 personas condenadas. Apuntó que desde enero a noviembre de 2006, las sentencias han sido 71, con 107 personas condenadas.

En cuanto a la Fiscalía, indicó que desde enero a noviembre de 1999 formuló 37 escritos de acusación, en los que acusaba a 118 personas. Este año, el Ministerio Fiscal ha formulado 99 escritos de calificación contra 224 acusados. Destacó, en este sentido, que "la comparativa demuestra que ha habido el triple de acusaciones y el doble de acusados".

Condenas a instancias de la fiscalía

El máximo responsable del Ministerio Publicó enumeró durante su intervención algunas de las 38 condenas por delitos terroristas dictadas por la Audiencia Nacional tras la declaración del alto el fuego, a instancias de la Fiscalía de esta sede judicial. A las que sumó los 53 escritos de acusación formulados contra un total de 128 personas.

En este punto, citó por error como condena la petición de 30 años de cárcel solicitada por la Fiscalía para el ex dirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, alias "Txapote", por el asesinato del concejal 'popular' Gregorio Ordóñez, perpetrado el 23 de enero de 1995 en un bar de San Sebastián.

Seguidamente, se refirió a los "esfuerzos" para lograr la condena a 50 años de prisión para "Txapote" y su compañera Irantzu Gallastegui, "Amaia", por el asesinato del edil popular Miguel Ángel Blanco, que tuvo lugar el 12 de julio de 1997 en la localidad vizcaína de Ermua.

También mencionó la condena a 82 años de cárcel para García Gaztelu por asesinar en febrero de 1996 al abogado Fernando Múgica en San Sebastián. Seguidamente, mencionó la pena de 20 años impuesta Asier Arzalluz Goñi e Iker Olabarrieta por el atentado contra el diputado socialista Eduardo Madina que le amputó la pierna.

De Juana y herriko-tabernas

Finalmente, se pronunció sobre la condena a 12 años y medio de prisión al etarra Juan Ignacio De Juana Chaos, que se encuentra desde el pasado 7 de noviembre en huelga de hambre, por un delito de amenazas terroristas contra varios funcionarios de prisiones en dos artículos publicados en el diario 'Gara' en 2004.

Respecto a De Juana, insistió en que "mientras otros se rasgan las vestiduras, es el fiscal quien consigue que De Juana no quede en libertad" en referencia a la rebaja de los 96 años de cárcel que pidió inicialmente la Fiscalía a 4 años por un delito de enaltecimiento terrorista o, alternativamente, 13 años por amenazas terroristas.

También apuntó que "mientras otros se escandalizan porque el fiscal pide que se cumplan todos los requisitos legales para embargar las herriko-tabernas, por sucio que pueda ser su origen o su destino, el fiscal sigue y seguirá creyendo que en el Estado de Derecho las garantías son para todos"

En esta línea, añadió que estas garantías alcanzan también "a quienes financian o practican el terrorismo". "Eso, precisamente, es lo que nos distingue de ellos y a ellos los deslegitima ante la sociedad".