El abogado de la acusación particular ejercida por Construcciones Rico pidió como cuestión previa que se aporte a la causa toda la documentación referente al chalet que el principal imputado, Antonio Camacho, adquirió este año en la urbanización 'Las Lomas' de Boadilla del Monte (Madrid) por valor de 1,2 millones de euros.
Durante la primera sesión del juicio por el 'caso Gescartera', este letrado también pidió la documentación referente a un apartamento y una plaza de garaje supuestamente adquirida por Camacho en la calle Caracas de la capital después de verse involucrado en el escándalo financiero.
El abogado alegó que, en su opinión, Camacho "podría haber comprado estas propiedades con parte de los más de seis millones de euros que se encuentran en destino desconocido". Camacho tiene todas sus cuentas embargadas desde que estalló el escándalo.
La mitad de los 1,2 millones de euros pagados por el chalet, de 268 metros cuadrados y una parcela de 3.000 metros cuadrados, se entregaron al contado y el resto está financiado por Bancaja, con una hipoteca formalizada en la entidad situada en la calle Caballeros de Castellón, la misma donde se concretaron las hipotecas del apartamento y la plaza de garaje.
Con la intención de actualizar la responsabilidad civil de Camacho, el abogado pidió la declaración como testigo del registrador de la propiedad y del notario (Juan Ignacio Garmendia) que gestionaron y firmaron la compra de los inmuebles. También pidió el testimonio del empleado de la entidad de Bancaja que tramitó las hipotecas.
El tribunal estudiará en los próximos días si admite a trámite o no esta cuestión previa planteada. Si acepta estas diligencias, el acusado tendrá que explicar cómo financió la compra de estos inmuebles.
Camacho abandonó la cárcel de Soto del Real (Madrid) en verano de 2003, tras cumplir tres años en prisión preventiva y después de depositar los 300.000 euros de fianza a los que Palacios le rebajó el pago impuesto inicialmente que alcanzaba 1,5 millones de euros.
Desde entonces, la información que transcendió acerca del fundador de Gescartera fue muy escasa hasta que en la pasada primavera la prensa dio a conocer la compra de este chalet de lujo en Madrid.
Esta fue la cuestión previa más destacada solicitada por los abogados de las 40 acusaciones particulares que en su mayoría no pidieron practicar nuevas cuestiones. Por su parte, el letrado de Manos Unidas solicitó la declaración de tres nuevos testigos y el representante de Mutualidad de la Policía de uno.
Todo sobre el juicio
La Sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará la responsabilidad de los catorce imputados por apropiación indebida y delito continuado de falsedad, entre los que se encuentra como principal responsable del fraude el propietario de Gescartera, José Antonio Camacho para el que Anticorrupción pide once años de prisión.
La Fiscalía también pide once años de cárcel para el principal comercial de la entidad Aníbal Sardón y el apoderado y ex técnico de la CNMV Javier Ruiz de la Serna. Les siguen la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, y los consejeros Francisco Javier Sierra de la Flor y Miguel Ángel Vicente González para los que reclama ocho años de prisión. Para la mujer de Camacho e hija del cantante Jaime Morey, Laura García Morey, se piden tres años de cárcel.
En el juicio están personadas 46 acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción, responsables civiles y subsidiarios, partícipes a título lucrativo y perjudicados, lo que suma un total de 100 partes personadas. También estarán presentes 61 abogados entre defensas y acusaciones y declararán alrededor de 120 testigos, 81 de ellos propuestos por la Fiscalía.
En el sumario, de más de 50.000 folios, figuran como responsables civiles directos las sociedades Gescartera Dinero AV, Gescartera Gestión SGIIC y Asesoría y Gestión de Patrimonios. Las entidades Caja Madrid y 'La Caixa' están considerados responsables civiles subsidiarios por las acusaciones particulares después de no conseguir responsabilizar al Estado.
Entre las acusaciones particulares se encuentran la Fundación Once, poseedora del 10% del capital social de Gescartera, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones (FOGAIN), así como numerosas órdenes religiosas como el Arzobispado de Valladolid, el Instituto Español de Misiones Extranjeras o las Hermanas Dominicas.
Repercusión del caso
El 'caso Gescartera' se hizo público en 2001 cuando la CNMV intervino la agencia de valores, ante las sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación. La repercusión del escándalo alcanzó al entonces Secretario de Estado de Hacienda bajo el Gobierno del Partido Popular y hermano de la presidenta de Gescartera, Enrique Giménez Reyna, así como a la entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, que dimitió.
La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, concluyó que Gescartera no aplicaba los fondos de los clientes en inversiones sino que se apropiaba del dinero entregado por sus inversores y lo utilizaba para actividades de la sociedad y el beneficio de sus responsables. El mecanismo se basaba en ordenar operaciones de compraventa de acciones en el día (intradía), asignando aparentes ganancias a los clientes y colocando las pérdidas a un testaferro utilizado por Gescartera.
En la actualidad, los afectados por esta presunta estafa han recibido más de 26 millones de euros de indemnización (con un tope legal de 20.000 euros por caso), la mitad del "agujero" que la Fiscalía Anticorrupción detectó en Gescartera. Las indemnizaciones salieron del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain).
Palacios decretó la apertura del juicio oral en julio de 2004. Un año antes, Camacho abandonó la cárcel madrileña de Soto del Real tras cumplir tres en prisión preventiva y después de depositar los 300.000 euros de fianza a los que Palacios le rebajó el pago impuesto inicialmente que alcanzaba 1,5 millones de euros.
A partir de este lunes, en sesiones que se celebrarán los lunes, martes y miércoles, el tribunal presidido por Carmen Paloma González y compuesto por Juan Francisco Martel y Ángeles Barreiro, se encargará de enjuiciar la actividad de la agencia de valores y la actuación de sus responsables. La acusación de la Fiscalía Anticorrupción la ejercerá el fiscal Vicente González Mota.
Si (
No(
