De las cuatro crisis vividas en España en el último medio siglo (1959,
1977, 1993 y 2008), la actual es, con creces, la peor. Todos la
estamos sufriendo en nuestras propias carnes pero, por si aún hubiera alguna duda respecto a su profundidad,
un
economista del prestigio de
Ramón Tamames lo ha dicho
hace solo unos días en el diario
"informacion.com. Ya sé
que Tamames no acaba de ser acogido
con buenos ojos entre las derechas, ni de ser perdonado por su
sinceridad en las filas de la izquierda, pero no
creo que unos ni otros
pongan en duda su autoridad
académica.
Se puede ser de
izquierdas o de derechas, eso es
justificable, pero lo que no se puede
ser es idiota -menos aún en
las circunstancias tan adversas como las que
atravesamos ahora-. Tamames no solo no es imbécil, sino que, además,
ha mostrado a lo largo de toda una vida
que de economía lo sabe casi
todo. A veces, sin embargo, mucho me temo que los intereses partidarios o partidistas nos puedan ofuscar hasta rebasar
el techo de la idiotez e, incluso, a subir algo más.
Juntos, sin nostalgia
Hace
más de un año (mayo 2011) que
alertábamos del final de una
época y llamábamos a las cosas por su nombre: Adiós al estado del bienestar.
Más recientemente hemos apelado también
al sentido común, a la necesidad de
compartir cuanto antes la responsabilidad de gobernar
conjuntamente para superar planteamientos partidistas en aras
de la obtención de un bien superior, el de todos
los ciudadanos de la nación. Esto era en abril de 2012, y
en ese momento, ni éramos los primeros ni los únicos
que apuntábamos hacia un
pacto
de estado, al menos entre los dos grandes partidos, PP y PSOE,
para buscar conjuntamente una salida a
la crisis .
¡Dejémonos ya de
lamentaciones y de apuntar
hacia el otro lado buscando responsabilidades! Posiblemente todos las hemos tenido por acción o por omisión, y de poco nos
valdrán las lamentaciones ni los
análisis posteriores cuando
ya no haya tiempo para
reaccionar.
Predicar con el ejemplo
La
desconfianza europea y de eso
que llamamos los mercados,
posiblemente tenga su base más
sólida en la
generada por nuestro
actual sistema político y administrativo que, en
muchas ocasiones, duplica y hasta triplica el coste
de ciertas actividades públicas
que se multiplican en su trasiego por diputaciones, autonomías y administración central. Los ajustes derivados de la crisis ya han llegado a los funcionarios públicos,
que han visto reducido su salario
dos veces en los últimos dos años, una con el gobierno
de
Zapatero (2010) y otra ahora, con el gobierno
Rajoy. Los
recortes también han alcanzado a la generalidad de los
ciudadanos que vemos día a día como
tenemos que pagar mucho más por
lo mismo, con el fuerte incremento de los impuestos
directos e indirectos. Donde no hemos visto
que hayan llegado esos recortes drásticos ha sido
al sistema político y, muy especialmente
a las autonomías.
De las 600
empresas públicas autonómicas que iban a disolverse, siete meses después de la toma de posesión del gobierno Rajoy, solo han desaparecido dos. Y este sector no es, ni mucho menos, baladí, porque toda
su deuda asciende a casi 15.000 millones de euros.
Hay otra
cifra que habrá que tocar sin más dilaciones, aún a costa de levantar
más heridas entre los directamente afectados. En España hay 445.568 empleados políticos -o cargos
públicos, como Vd. quiera
llamarlos-, una cifra que supone
uno por cada 100 habitantes o, lo que es lo mismo, el doble que en
Italia y 300.000 más que en Alemania.
A esta situación hay quien la ha
llamado "locura insostenible". No le falta razón a quien piensa así, y mientras
realidades como estas se
mantengan sería estéril cualquier
otra medida de recortes. A pesar
de todo, hagamos votos por que no
sea ya
demasiado tarde para reaccionar...
Si (
No(
