¿Negocio o salud? Ese es el dilema

Ser o no ser, ese es el dilema. Esa es la traducción más o menos literal de la frase que Shakespeare pone en boca de Hamlet. Hay que entender que un príncipe de aquellos tiempos no padecía las presiones de un mundo globalizado en torno a grandes corporaciones capitalistas como el actual. En nuestros días el dilema filosófico se ha transformado en una pregunta que todo gobernante tiene la obligación de responder ante sus ciudadanos: ¿negocio o servicio público?  Esa es la opción, el dilema que marca la dimensión de nuestros problemas actuales.

Esa pregunta de carácter general se puede formular de muchas otras formas concretas: ¿pelotazo o vivienda?, ¿educación o adoctrinamiento?, ¿economía productiva o manipulación informativa?

La pregunta de estos días en Madrid sería: ¿negocio o salud? La respuesta a la pregunta marca la diferencia entre una política cuyo objetivo es facilitar la vida de los ciudadanos y otra política centrada en que lleguen a fin de mes los más poderosos.

La vida es el principal bien que tenemos. La salud es esencial para la calidad de nuestra vida. La sanidad pública, gratuita, universal es la encargada de proteger nuestra salud. Así de sencillo para quienes además de la vida poseemos pocas cosas más. Un trabajo, una familia, tal vez una vivienda o un coche y muchos afectos y solidaridad para alimentar nuestras ansias de vivir.

El sistema nacional de salud es un digno heredero del sistema de Seguridad Social, que como todos sabemos se sostiene con los recursos de los trabajadores y empresarios a través de las cotizaciones sociales. Con la diferencia de que los empresarios repercuten este coste en el precio de los productos que terminamos pagando los trabajadores como consumidores finales, mientras que los trabajadores pagamos las cuotas de la Seguridad Social descontándolas de nuestros salarios.

Durante años y hasta tiempos muy recientes el sistema sanitario público se ha desarrollado gracias al esfuerzo realizado por los trabajadores españoles con sus cotizaciones a la Seguridad Social. Cuando la sanidad pública adquirió carácter universal y su coste desbordaba y comprometía el futuro de la Seguridad Social, hasta el punto de que se recaudaba menos de lo que se gastaba, los sindicatos, el Gobierno y los empresarios adoptamos la decisión de separar las fuentes de financiación haciendo que la sanidad fuera sostenida con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. 

A partir de este momento, el futuro de las pensiones se ha despejado notablemente y se ha podido generar un fondo de reserva para evitar riesgos futuros. No obstante, las grandes inversiones sanitarias estaban realizadas. Los hospitales y centros de salud y de especialidades que vertebran el sistema sanitario público eran ya una realidad que convierte a la sanidad pública en un bien esencial para todos los ciudadanos.

Tras las transferencias de la sanidad pública desde el Estado a las comunidades autónomas, CC.OO. ha reiterado su voluntad de que un cambio en los responsables políticos, ahora las comunidades autónomas, o de partido político de Gobierno en el Estado o la Comunidad, no debe en ningún caso suponer un deterioro en la calidad de la sanidad ni cambio alguno en su carácter público, gratuito y universal.

La sanidad es una preocupación pública, un asunto de Estado que exige máximo acuerdo político y el más amplio consenso social para abordar cualquier transformación que pueda afectar al modelo, a la gestión o a las relaciones laborales. Acuerdo que ha rehuido permanentemente el Gobierno regional, que ha procedido a restar inversiones en sanidad pública para incrementar indiscriminadamente los recursos destinados a la sanidad privada.

Las fórmulas son muchas y variadas. El incremento de conciertos con la sanidad privada, la compra de intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas en hospitales privados, la construcción de nuevos hospitales con capital privado de constructoras, financieras consultoras y empresas de servicios que gestionarán los futuros hospitales y que terminarán constándonos tres veces más que si los pagásemos y gestionásemos con recursos públicos. El caso más sangrante será el del hospital de Valdemoro, construido sobre suelo público cedido por la Comunidad de Madrid y que será propiedad de una sociedad capital-riesgo estadounidense, APAX-PARTNERS, que por cierto es la propietaria de Panrico y que mantiene abierto un conflicto duro y largo con sus trabajadores de distribución de productos, a los que pretende obligar a ser autónomos o ir a la calle, despreciando la mediación de la Consejería de Empleo de la propia Comunidad de Madrid. El hospital nace con un beneficio asegurado como hospital concertado con la Consejería de Sanidad.

El último paso tras el reforzamiento de la sanidad privada es la conversión de los actuales hospitales públicos en empresas. Un paso que rompe el marco de relaciones laborales y que prepara la completa privatización de los mismos.

La modificación que ha acometido la Consejería de Sanidad en tan sólo tres años de Gobierno es tan profunda que rompe la unidad de todos los trabajadores sanitarios en España, quiebra el carácter público de la sanidad madrileña y separa a Madrid del sistema nacional de salud, propiciando además que haya ciudadanos de primera y de segunda y cuestionando la gratuidad de la asistencia sanitaria. El camino de Margaret Thatcher en Inglaterra privatizando hospitales públicos ha demostrado sus debilidades. Lo privado termina siendo más caro y la calidad del servicio sanitario se deteriora. Los efectos no tardan en verse y en Gran Bretaña hoy la preocupación por las muertes producidas por infección contraídas por bacterias a causa del deterioro de la limpieza de hospitales y quirófanos ocupa muchas páginas en la prensa y produce más de 50.000 afectados y cientos de muertes.

Para los trabajadores la sanidad es un servicio esencial que debe seguir siendo público, gratuito y universal. Cuestionamos la política sanitaria del Gobierno de Esperanza Aguirre y si por ello tachan de “política” la huelga de los trabajadores sanitarios del 14 y 15 de diciembre, convocada por los sindicatos que representan al 70 por ciento de los trabajadores sanitarios y secundada por el 83 por ciento de los que no fueron forzados a prestar servicios mínimos. Si tachan de política la manifestación de 60.000 madrileños y madrileñas del día 14... pues seremos políticos. Mejor harían en sentarse a negociar para afrontar los retos de la sanidad madrileña, mejorar la calidad del servicio y garantizar que atienda a todos los madrileños, de forma gratuita y como servicio público.

La sanidad es nuestra. Con nuestra salud no se juega. No somos el negocio de nadie. Por eso seguiremos respondiendo con la misma firmeza con la que Marcelino Camacho respondió cuando hace 30 años salió de las cárceles franquistas: “Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar”.