En una
entrevista en el programa "Hoy por hoy", de la Cadena Ser, el fiscal
general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, ha considerado ''excesivas algunas''
de las tasas que incluye la ley del ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón,
que ha entrado en vigor este lunes: Torres-Dulce se ha mostrado ''partidario de
la existencia de tasas judiciales'', pero ha reconocido que ''algunas'' de las
que incluye la ley de Gallardón son ''excesivas''.
Es más,
el fiscal general ha dicho que algunas de esas tasas de Gallardón "desbordan
la posición del Tribunal Constitucional'', y ha añadió que "para mi
sorpresa, la ley de tasas no pasó el informe de la Fiscalía General, con lo
cual no pudimos dar una opinión al respecto''. Torres-Dulce añadió que está
convencido de que el 'tasazo judicial' de Gallardón acabará en el
Constitucional, y en ese sentido es cuando señaló que algunas de esas tasas
desbordan la posición del Alto Tribunal. Es decir, que pueden ser
inconstitucionales.
Precisamente
este lunes se va a presentar el primer recurso ante el Constitucional contra la
'gallardonada' de las tasas judiciales: será presentado por la letrada
Montserrat Suárez Abad. Pero se espera una riada de recursos contra el
'tasazo'. Es más, hemos sabido que el Gobierno de
Mariano Rajoy fue advertido
en el pasado mes de julio de los problemas que tendría aplicar la ley de tasas
de Gallardón, pero, en su afán recaudatorio, no hizo ningún caso de las
advertencias.
Todos
contra el 'tasazo judicial' de GallardónLas
nuevas tasas judiciales han nacido con la
oposición de todo el sector de profesionales
de la justicia y con la protesta de todo el arco parlamentario, menos el
Partido Popular, claro está. Incluso, algunos jueces consideran que son
contrarias al derecho de la Unión Europea por tener un carácter de cláusulas
abusivas, y otros consideran que son inconstitucionales, al menos en algunos de
sus supuestos, y no como ha dicho Rajoy, que las ha calificado de "sensatas
y equilibradas".
Pero la
gran realidad, que han denunciado todos los sectores judiciales, es que con la
'gallardonada' de las tasas habrá justicia para ricos y para pobres: hasta 400
euros en tasas por una reclamación de goteras o por reclamar una multa de tráfico
que cueste cien euros, la tasa judicial será de 200. Si lo que se reclama es
una decisión de gobierno le costara, si llega al supremo, 3.250 euros y, en los
casos más extremos, protestar jurídicamente por una invalidez permanente de
accidente de tráfico costara en tasas casi 20.000 euros.
Por
ejemplo, una herencia entre hermanos, lo que jurídicamente se denomina un
supuesto de división de un patrimonio común consistente en un piso de 300.000
euros, un apartamento en la playa de 60.000, 35.000 en el banco y un coche
valorado en 5.000 euros, el total de la tasa alcanzará los 2.300 euros.
Otro
caso sangrante: si un jubilado, por poner un ejemplo, denuncia la pérdida de
sus ahorros por una supuesta estafa con las preferentes, para un ahorro
reclamado de 128.000 euros por la vía civil, la tasa sería de unos 940 euros.
Pero más sangrante sería la aplicación de las tasas a este caso, según los
supuestos desarrollados por la Cadena Ser: unos padres reclamaron 600.000 euros
de indemnización después de que su hija sufriera graves daños cerebrales por
una negligencia médica en el parto. Los padres tuvieron que llegar al Supremo
para que se les diera la razón, y hubo sentencia el 23 de diciembre de 2002.
Entonces no tuvieron que pagar nada, pero hoy tendrían que abonar a Gallardón 11.300
euros...
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