Según han informado ambos cuerpos, el destino de la maquinaria de obra pública y civil robada en diversas provincias españolas era, en la mayoría de los casos, su venta y exportación ilegal a países africanos o de Oriente Medio.
Más de un centenar de agentes han participado en las investigaciones, todavía abiertas y que han tenido como objetivo desarticular un entramado criminal que estaba formado por varias redes organizadas dedicadas al robo de la maquinaria.
Todo comenzó en agosto de 2011 cuando la Guardia Civil detectó robos de maquinaria de obra pública, previamente alquilada en varios concesionarios del sector, perpetrados en diferentes localidades de las provincias de Albacete, Jaén, Granada, Murcia, Ciudad Real, Toledo, Castellón o Madrid.
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