Un grito recorre las salas de los palacios de Justicia: 'Gallardón, dimisión'

No fue sólo la asamblea del pasado sábado, 16 de febrero, sino todo lo que viene detrás. Los jueces y fiscales lo tienen clarísimo: Alberto Ruiz-Gallardón es el peor ministro de Justicia que ha tenido la España democrática y el que puede llevar a nuestro país a una involución a niveles dictatoriales de 1975. Gallardón ha conseguido lo que parecía imposible: unir a jueces y fiscales conservadores y progresistas en contra de una política que es de auténtico "escándalo", según la califican en la judicatura.

El pasado sábado, cinco asociaciones firmaban por la huelga para el día 20, el mismo en el que Mariano Rajoy comparecerá en el Congreso para 'vender' su particular visión del estado de la Nación. Firmaron organizaciones tan distintas como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Pero se creó, además, un auténtico divorcio entre la cúpula de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), contraria a la huelga, y propios sus asociados, favorables a la huelga.

Así las cosas, las asociaciones convocantes, que adivinan el rotundo éxito que la convocatoria tendrá el próximo miércoles, han emitido un manifiesto demoledor contra Gallardón. Afirman que estos son los motivos ocultos del ministro para acometer las 'reformas' que plantea en la justicia: "dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir de facto la independencia judicial (que, como la tutela judicial efectiva, se convertirá en una mera declaración carente de contenido) e imponer a los jueces y fiscales un trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad. Impunidad de la que, por una u otra vía, se han de beneficiar los diversos implicados en casos de corrupción extremadamente graves que estamos conociendo".

Se trata de una denuncia gravísima contra un ministro que, según los jueces, ha creado hasta "escándalo" y alarma social por su política de indultos, con los que se constata "la existencia de esos espacios de impunidad" de la que hablan los jueces. "Precisamente por ello", dicen en su manifiesto, "la apuesta de nuestros gobernantes es reducir el presupuesto de Justicia, asumir el control de su órgano de Gobierno y reducir un 25% el número de jueces y fiscales del país que menos tiene en Europa; y a los pocos que quedan, ponerles a sustituir en varios órganos y con plena responsabilidad en todos ellos".

Menos jueces que en Albania

El manifiesto, como decimos, resulta demoledor: "En España hay 10 Jueces por cada 100.000 habitantes, Moldavia y Albania cuentan con 12, Ucrania 14, Portugal 17, Grecia 20 y Alemania 25. Estamos en el puesto 36 del ranking europeo, sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, país este último con muy baja litigiosidad. Es imposible que con ese escaso número de jueces se pueda hacer frente a 9 millones de asuntos anuales", dicen, mientras piden un incremento de la planta Judicial y Fiscal.

Exigen igualmente la paralización del Anteproyecto de Reforma del CGPJ, "cuyo objeto poco disimulado era la asunción por parte del Ministerio de Justicia del Gobierno de los Jueces", así como la retirada del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al Estatuto profesional de Jueces y Fiscales.

La burla de Gallardón con las tasas

Las asociaciones habían pedido que no se establecieran tasas judiciales que impidieran el acceso a la Justicia; pues bien, Gallardón no sólo implantó las tasas, sino que lo hizo en unas cuantías "de tal entidad que han impedido e impedirán que muchos ciudadanos puedan acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos".

Tras la convocatoria de la huelga, Gallardón ha indicado que se va a proceder a una revisión de la Ley de Tasas Judiciales, sin especificar de forma escrita el alcance que pueda tener esta hipotética modificación. Pero "estas manifestaciones demuestran el carácter precipitado, improvisado e injustificado con el que se aprobó la norma, como ya denunciamos en su momento".

En el segundo punto, los jueces y fiscales cargan contra un ministro que culpa a las Asociaciones de la politización, mientras que, paradójicamente, para justificar ante los ciudadanos el incumplimiento de su programa electoral, "ha llegado a afirmar que la elección de los Vocales por las Cámaras despolitizará el CGPJ".

Gallardón y la impunidad de los corruptos

Pero éste es, según los juristas, el "motivo oculto" para tanta falacia: "Dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir de facto la independencia judicial (que, como la tutela judicial efectiva, se convertirá en una mera declaración carente de contenido) e imponer a los jueces y fiscales un trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad. Impunidad de la que, por una u otra vía, se han de beneficiar los diversos implicados en casos de corrupción extremadamente graves que estamos conociendo".

En ese punto es donde los jueces y fiscales critican abiertamente la política de indultos que ha puesto en marcha el aún ministro de Justicia: "Su concesión reiterada por parte del Gobierno en contra del criterio del Juez o Tribunal Sentenciador y Fiscalía a supuestos gravísimos (y especialmente a políticos condenados por corrupción) tiene un alto coste: el escándalo de la ciudadanía, que constata la existencia de esos espacios de impunidad".

Creen los jueces y fiscales que así se ralentizará todavía más la ya de por sí dificilísima investigación de los casos de corrupción "y se multiplicará la posibilidad de que el juez y fiscal sobrecargado, estresado y presionado cometa un error que lleve a frustrar el fin del proceso. El objetivo que perseguimos es crear las condiciones para que la Justicia se aplique por igual para todos los ciudadanos sin excepción".


Jueces contra las ejecuciones hipotecarias

En el quinto punto de su manifiesto, los jueces y fiscales muestran su preocupación por el drama social de las ejecuciones hipotecarias y "pedimos soluciones efectivas para la protección de los afectados, en el ámbito del trámite parlamentario de las propuestas e iniciativas legislativas que se están abordando".Los jueces se oponen también a la privatización de los Registros Civiles para que se siga manteniendo como un servicio público y gratuito, y lamentan que el sistema preferido para arreglar los problemas de la justicia penal sea el endurecimiento de las penas a través de improvisadas reformas del Código Penal.Afirman que Gallardón es 'incapaz' de gestionar la crisis, y dicen que Mariano Rajoy no les ha querido recibir, lo que no les deja otra salida que la huelga.


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