Andalucía, debate legal y ético: derecho fundamental a la vivienda contra la propiedad privada

La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, pidió ayer jueves a la ministra Ana Pastor la convocatoria de la conferencia sectorial para debatir sobre los desalojos con las distintas comunidades. En una comparecencia en el Parlamento autonómico, Cortés se refirió a la conveniencia de propiciar un debate y "ayudar a cambiar la injusticia social" que suponen los desahucios dentro de las competencias que tienen las autonomías. En este sentido, la consejera dijo que "el Gobierno andaluz es ahora mismo un referente en el conjunto del territorio español".

Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo ayer que no tiene duda alguna de que el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía es constitucional. En el programa El Debate de TVE, Rubalcaba subrayó que "hay que defender" a los ciudadanos a los que por situación sobrevenida sólo les queda la casa y que si se la quitan se van a la pobreza, dijo, tras lo que añadió que "en estas situaciones, los poderes públicos tienen que actuar", El decreto de la Junta de Andalucía insistió, "ha hecho lo que dice la Constitución que corresponde hacer a los poderes públicos, que es proteger a los más desfavorecidos. En otro momento, dijo no creer que "ningún banco se vaya a la ruina" por renegociar hipotecas.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer todos los detalles del decreto de la función social de la vivienda, una norma que entra en vigor hoy y permite gravar los inmuebles no ocupados y expropiar los embargados, y al que se podrán acoger en un primer momento alrededor de unas 200 familias que han acudido a las oficinas provinciales de vivienda demandando protección de la Junta para afrontar los procesos de ejecución hipotecaria en los que se encuentran al no poder pagar sus viviendas.

Los periódicos publican que el decreto andaluz contempla la expropiación del uso de la vivienda a los bancos, siempre que las familias afectadas reúnan unas condiciones, como estar en riesgo de exclusión social. También prevé multas de hasta 9.000 euros a las entidades jurídicas que no pongan en alquiler sus inmuebles.

CINCO DÍAS destaca que Andalucía también sancionará al 'banco malo' por sus pisos vacíos, de forma que Sareb (el banco malo), banca e inmobiliarias tienen un mes para censar todo su stock. El Gobierno andaluz mantiene que durante su tramitación como proyecto de ley en el Parlamento autónomo se podrán incorporar medidas al decreto que refuercen las garantías legales.

Según EL PAÍS, "Andalucía quiere exportar su decreto de los desalojos al resto de España". Para EL MUNDO, "la consejera andaluza quiere aleccionar a las CCAA del PP". LA RAZÓN, tomando literalmente una parte del decreto andaluz, subraya que la Junta apela al "derecho a la vida" para justificar "su afán expropiatorio".


Editoriales en contra

Algunos diarios se han unido a las críticas a esta medida de Andalucía. Por ejemplo, el diario 'El Mundo' dice en su editorial que supone "una clara violación del derecho a la propiedad privada". También afirma que la norma aprobada ayer por la Junta de Andalucía "rezuma un afán socializante más propio del comunismo soviético que de una economía occidental de mercado". El decreto-ley "se presenta demagógicamente como 'un plan de choque pata evitar la sangría social' de los desahucios, pero trasluce un muy peligroso espíritu intervencionista y revolucionario". "¿Puede un Gobierno regional conculcar derechos recogidos en la Constitución?¿Hará lo mismo con los medios de transporte o las fincas rústicas?". La norma tiene otros aspectos discutibles desde el punto de vista jurídico y establece expropiaciones como una reacción para defender el 'derecho a la vida'. "O sea, que para que no haya suicidios liberemos de sus deudas a quienes digan que no pueden pagarlas".

En 'El Economista' también se trata también el tema, aunque de forma menos encendida: "Una medida de dudoso encaje legal", dice, y cree que la norma rompe la unidad de mercado: "La divergencia entre el Estado y las comunidades autónomas en asuntos de propiedad son un ataque directo a la unidad, que va más allá de la legalidad del decreto, tan avasallador de los derechos patrimoniales de las entidades financieras por el procedimiento abusivo que establece". 


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