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Sólo el sindicato de funcionarios CSI-F está dispuesto a someterse sin matices

Patronal y sindicatos se ponen de acuerdo en algo: ambos se resisten a ser 'escrutados' por la Ley de Transparencia y revelar sus sueldos

Patronal y sindicatos se ponen de acuerdo en algo: ambos se resisten a ser 'escrutados' por la Ley de Transparencia y revelar sus sueldos

> Argumentan que las aportaciones públicas a su financian son sólo parciales

jueves 06 de junio de 2013, 15:58h
La inclusión de los agentes sociales en la futura ley de Transparencia ha levantado ampollas. Tanto la patronal como los grandes sindicatos han puesto pegas a someterse al 'escrutinio' al mismo nivel que las administraciones públicas argumentando que son organizaciones autónomas financiadas con recursos propios en su mayoría y, por tanto, no creen necesario auditar todas sus cuentas ni arrojar luz sobre los sueldos de sus dirigentes. Sólo el sindicato de funcionarios CSI-F se ha mostrado dispuesto a colaborar sin matices.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha garantizado este jueves su voluntad de someterse "sin ningún tipo de matices" a la futura Ley de Transparencia, que ha comenzado su tramitación en el Congreso de los Diputados. El presidente del sindicato, Miguel Borra, ha asegurado que esta es la manera de recuperar la credibilidad sindical y la forma correcta de rendir cuentas al ser organizaciones receptoras de fondos públicos.

Sin embargo, esta postura ha sido minoritaria en el conjunto de los agentes sociales.

UGT y CCOO piden límites

Tanto Comisiones Obreras como la Unión General de Trabajadores han mostrado este miércoles en el Congreso su apoyo a la futura Ley de Transparencia y a la inclusión de los sindicatos en la misma, pero han avisado de que la norma no debe ir más allá de obligarles a dar cuenta de cómo gestionan los fondos públicos que reciben y que no puede utilizarse para "limitar el derecho de libertad sindical" o atentar contra su "autonomía organizativa".

Los representantes de los dos sindicatos han aprovechado su presencia en el Congreso para hacer algunas precisiones sobre cómo se financian las organizaciones sindicales, incidiendo en que la mayor parte del dinero que reciben proviene de las cuotas de sus afiliados, que rondan el millón de personas en cada caso.

Así, el secretario de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, ha detallado que los fondos que su sindicato recibe vía Presupuestos Generales del Estado o de administraciones autonómicas suponen sólo el 2,8 por ciento del total, y ha resaltado cómo se han recortado estas cantidades en los últimos años: Si en 2009 CCOO percibió 6,6 millones de euros de las cuentas estatales, este año esa cantidad se ha reducido a 3,5 millones. Además, ha incidido en que su sindicato ya es "transparente" y tiene colgados sus "balances" y "presupuestos" en su página web.

En términos similares se ha expresado el secretario de participación de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell, quien ha puesto de relieve que el grueso de la financiación de UGT "no viene de fondos públicos". Aunque no ha ofrecido datos concretos, ha indicado que "los ingresos propios", provenientes de sus afiliados, superan el 70 por ciento del total.

Y en relación a la publicación de los sueldos han coincidido con la patronal. Hace ya unos días el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, se negó a participar en lo que definió como un "indecente striptease" sobre los sueldos que perciben determinados personajes públicos y actualmente se mantiene esa postura defendiendo que los salarios ya se publican en los balances de actividades económicas que se debaten en los congresos del sindicato.

La CEOE tampoco quiere dar los sueldos

En la misma línea se ha pronunciado la patronal. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha avisado al Congreso de que no publicará los sueldos de sus dirigentes, ni auditará las cuentas de sus 4.500 organizaciones, ni informará de sus ingresos privados, pues considera que el principio de transparencia sólo debe afectar al uso de recursos públicos, que en su opinión sólo suponen un tercio de su presupuesto.

El presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, ha detallado que de los 19,6 millones del presupuesto de la CEOE para 2013, sólo un tercio procede de fondos públicos (6,2 millones), pues el resto procede de cuotas de las organizaciones (13 millones). Además, ha indicado que esas subvenciones que reciben no son "aportaciones genéricas a fondo perdido", sino que se destinan a proyectos concretos cofinanciados o a la formación. Por ello, a su juicio el principio de transparencia debe alcanzar cotas "flexibles".

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