Las empresas sanitarias ridiculizan al Gobierno: pasan de concursar por los hospitales privatizados

Las dos firmas grandes/grandes del negocio sanitario privado, Capio -ahora IDC Salud- y Sanitas, que tienen concedida la gestión completa o en parte de otros centros de la Comunidad de Madrid porque sí les interesaron las condiciones, no aparentan tener el más mínimo interés ahora. Porque si lo tuvieran, ya se habrían presentado, no es lógico que esperaran a las últimas horas para hacerlo y competir por esos seis Hospitales.

De momento, lo único cierto es que la tercera empresa, como informa la cadena Ser,  en este asunto, Ribera Salud -que durante unos meses estuvo al frente de la gestión del hospital público de Torrejón de Ardoz, con tales pérdidas que vendió su participación precisamente a Sanitas- sí que aspira, pero sólo a dos de ellos, el de Arganda del Rey y el del barrio madrileño de Vallecas.

Incluso otra de las firmas privadas importantes, HM Hospitales, si guardaban intgerés al principio de la convocatoria, sobre todo por el ya citado de Arganda, amén de los de Parla, Aranjuez y el madrileño Infanta Sofía, pero como ha declarado a la Ser el director de esta empresa, Juan Abarca, finalmente no van a optar a ninguno de los centros.

Porque el denominador común de HM, Capio y Ribera -posiblemente del resto de firmas de menor tamaño- es que no ven claro que vayan a obtener beneficios, que es la base de cualquier entidad privada en cualquier asunto, ni siquiera "optimizando mucho el gasto", como añade Abarca en sus explicaciones a que haya tirado la toalla.

Todo ello a pesar de que, en vista de lo que podía ocurrir finalmente, este plantón que deja en ridículo a la Consejería de Sanidad en particular y al Ejecutivo de Ignacio González en general, el titular de la misma, Javier Fernández Lasqueti, fue rebajando unas condiciones que en principio le parecieron justas y después dejaron de hacerlo.

Por significativo ejemplo, una de las rectificaciones más importantes y llamativas fue la del importe del aval exigido para optar a cualquiera de las concesiones. En principio era el 5% de la cantidad total del contrato, que es de 10 años, y que pasó a ser idéntico porcentaje pero sólo del primer año de la explotación, lo que significa una bajada abismal, del 90%. A pesar de todo, salvo poco previsible sorpresa de última hora, las firmas 'pasan' de presentarse.

Si se confirmara, la Consejería debe sacar otro pliego de condiciones y mientras tanto, los profesionales de los mismo sonríen, pues seguirán siendo públicos. Quizás, al margen de  sus manifestaciones y huelgas contra la privatización, no hayan ganado la guerra, pero sí una importante batalla.