La reforma de nuestra Constitución: necesidad y oportunidad
miércoles 18 de diciembre de 2013, 11:46h
Que
la Constitución española ha sido la mejor, la más estable, la más justa y la
más adecuada de nuestros dos últimos siglos, no lo cuestiona nadie. Hemos
tenido y tenemos una buena Constitución. Ha sido y es, un marco de derechos y
libertades de los más progresistas del Derecho comparado, correspondiente a una
democracia representativa moderna, con un reparto equilibrado de poderes, una
organización territorial original y fuertemente descentralizada y un estado
social equiparable, a lo largo de su desarrollo, a los modelos de bienestar
europeos.
Nuestra
Constitución es consecuencia de una decisión de una enorme significación
histórica. Su aprobación materializó la ruptura con el franquismo. Bueno será
recordar que de las primeras elecciones democráticas en España, en junio de
1977, surgió un compromiso que resultó ineludible para la derecha que
gestionaba la herencia del franquismo. Ruptura frente a reforma. Aquellas
primeras Cortes de la democracia española debían ser constituyentes y lo
fueron. Hicieron una Constitución que cristalizó el pacto de convivencia entre
los españoles, la reconciliación y el inicio de una democracia plena. La
Constitución representó el punto y aparte histórico con cuarenta años de
dictadura y, al mismo tiempo, estableció un suelo común de convivencia desde la
constancia de que todas las opciones políticas cabían en su marco democrático,
siempre que se respeten las reglas esenciales de la Constitución.
Ninguna
Constitución duró tanto y ninguna dio tan buenos resultados. De la Constitución
se derivó la consolidación de nuestra democracia, nuestra incorporación a
Europa, el Estado de las Autonomías y el Estado del Bienestar, como desarrollo
del Estado social y un marco de respeto y tolerancia en el ejercicio de los
derechos y de la libertad, como nunca tuvimos.
Pero
han pasado 35 años y se han descosido muchas costuras, en un tiempo de crisis
varias y graves, en un mundo en cambio, en una sociedad española muy distinta
de aquella que protagonizó una transición ejemplar y una progresión inédita de
España. Hoy la sociedad española se merece una nueva oportunidad de pactos para
revitalizar la democracia y para relegitimar nuestra Carta Magna. Al fin y al
cabo, los españoles menores de 53 años no pudieron votarla. Hoy los problemas
de nuestro modelo territorial nos piden a gritos revisar el Título VIII.
La
situación política de España, atravesada por una crisis económica y social,
territorial y democrática, reclama reformas de nuestra Constitución. Así ocurre
principalmente con nuestra propuesta de reforma del Título VIII, para avanzar
hacia una estructura federal de nuestra organización territorial. Lo mismo
puede decirse del reforzamiento de la autonomía local de nuestros
ayuntamientos. Pero no solo. Los avances producidos en el terreno de la
igualdad entre hombres y mujeres a los largo de los últimos treinta años
aconsejan constitucionalizar algunos de ellos y el desarrollo del Estado de
Bienestar, reclama constitucionalizar el Derecho a la Salud y a la asistencia
sanitaria como un Derecho Fundamental y no como un principio rector.
También
se propone en el modelo financiero para las CCAA, la incorporación a la
Constitución de un nuevo principio de "Estabilidad Social" del gasto público.
Lo mismo ocurre con nuestros derechos y libertades que pueden y deben adaptarse
a la irrupción de nuevos riesgos, nuevas tecnologías y actualizarse con el
acervo común europeo derivado del Tribunal Europeo de DDHH y a la Carta de los
DDFF del Tratado de Lisboa. Estas propuestas se añadirían a las que planteó en
su día el gobierno de Rodríguez Zapatero y que fueron informadas por el Consejo
de Estado (eliminar la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de
la Corona, incorporar el derecho de la Unión Europea a nuestra jerarquía de
fuentes del Derecho y eliminar las normas constitucionales transitorias de
nuestro modelo autonómico).
Nuestra
propuesta de abordar estas reformas está abierta al consenso del resto de
partidos políticos e instituciones, porque queremos tratarla con la prudencia y
el respeto que merece una tarea tan importante como es la renovación y
actualización de nuestra Carta Magna y porque ésta solo puede producirse si
conseguimos un apoyo político y un respaldo social semejante a la que obtuvo la
de 1978. Los socialistas creemos, además, que tan ambicioso propósito puede
ofrecerle a la política española, una ocasión única de hacer política grande
para España, de obtener lo mejor de nosotros, de impulsar un tiempo de reacción
y renovación a la parálisis, a las inercias, a los desgastes, a los conflictos
que hoy parecen irresolubles.
Pero
la necesidad de abordar estos cambios, es también una triple oportunidad que
España debe darse a sí misma. Primero, para evitar un envejecimiento
deslegitimador de nuestra Carta Magna, corrigiendo los aspectos más llamativos
que reclaman de manera más urgente cambios, sin perjudicar los valores constitucionales
fundamentales. En segundo lugar, es una oportunidad que nos debemos para con
una gran parte de la población que no se siente concernida por las razones
históricas que dieron lugar a la Carta Magna y, por tanto, es la manera de
volver a asentar territorialmente, pero también sociológicamente con las nuevas
generaciones, la Constitución entre los españoles. Y, por último, abordar un
proceso de reforma constitucional, es la oportunidad para que en España la
política vuelva a la senda del diálogo y de los acuerdos, a una nueva forma de
abordar las enormes diferencias que están surgiendo entre nosotros y de
resolver, con formulaciones renovadas de política del Siglo XXI, los graves
problemas que tenemos en la España de hoy.
Hay
muchas maneras de abordar estas reformas. Puede hacerse iniciando un proceso
para una reforma agravada de nuestra Constitución, con arreglo al Artículo 168.
Es el proceso más largo, pero también el más profundo porque incluirá una
revisión acotada pero importante, de nuestra Carta Magna. Me apresuro a decir
que en nuestra propuesta de reforma constitucional no se contempla la apertura
de un nuevo proceso constituyente a modo de segunda transición para España.
Nosotros creemos que no es preciso cambiar las bases de nuestro modelo político
democrático y de nuestro Estado Social y de Derecho. Tampoco de alterar la
forma del Estado y su actual configuración en una monarquía parlamentaria.
Somos partidarios de una reforma acotada, si se quiere puntual, sobre los
aspectos ya citados más arriba, para resolver los problemas citados pero,
repito, manteniendo las paredes maestras del edificio y su sólida cimentación.
La
otra forma de abordar este proceso puede ser a través de acuerdos parciales de
reformas que, sucesivamente pueden irse incorporando a nuestro marco
constitucional, sin abordar las reformas agravadas del Artículo 168. Este
método ofrece límites, pero no es descartable.
Lo
que no parece razonable es no hacer nada. Lo que resulta políticamente
indefendible ya es que, estando como están las cosas en España, el gobierno y
su presidente, sigan pensando que lo mejor es no hacer nada, sin comprender que
fumarse un puro en la gasolinera, puede resultar fatal.
[*] Ramón
Jáuregui Atondo ha sido ministro de la Presidencia y es diputado socialista por Araba/Álava