Odyssey pide 5 millones por no dejarles 'saquear'

   "Odyssey solicita ahora al juez una indemnización por un valor de 5 millones de euros por los daños y perjuicios que le habría causado la orden judicial dictada por la jueza de La Línea de la Concepción, en Cádiz, de búsqueda y captura contra sus buques", explicó Molina al término de la reunión de ministros de Cultura de la UE.

   El ministro dejó claro que el Gobierno "rechaza abiertamente dicha petición" porque a su juicio "entra en abierta contradicción con los principios generales del derecho, según los cuales, una autoridad judicial extranjera, como es el juez de Tampa, no puede juzgar ni entrar a valorar las resoluciones adoptadas por los tribunales de otro Estado soberano en el legítimo ejercicio de sus competencias jurisdiccionales".

   Molina subrayó que "en España, como en cualquier otro Estado democrático de derecho el poder judicial actúa con plena independencia del Ejecutivo" y que por ello no podía realizar más comentarios sobre esta cuestión. No obstante, reiteró que el Gobierno va a seguir defendiendo en todos los foros "el derecho de los españoles a conservar su propio patrimonio".

   Odyssey presentó esta solicitud de indemnización ante el tribunal de Tampa el pasado 14 de noviembre junto con sus últimas alegaciones, y España responderá oficialmente a través de su abogado el próximo lunes 19 de noviembre, según avanzó el ministro. La audiencia de las partes ante el juez previa al juicio oral ha quedado fijada para el día 26 de noviembre.

   Molina insistió en que el buque saqueado por Odyssey "con bastante seguridad tenía bandera española". "No ha dicho qué galeón era, de qué bandera, en qué aguas estaba, cuándo lo sacó. ¿Por qué no dice todo eso, si se lo reclaman el juez y los abogados?", destacó el ministro, que recordó que la legislación española "prohíbe la explotación" de este patrimonio.

   Además, el ministro ha pedido a sus homólogos de los 27 que la Unión Europea cree una "lista roja" que dificulte el comercio ilícito de bienes procedentes del patrimonio subacuático y que impida que se repitan casos como el de la empresa estadounidense Odyssey, a la que el Gobierno acusa de saquear galeones españoles.

   Al término de la reunión del consejo de Cultura de la UE, Molina aseguró en rueda de prensa que su propuesta de que la UE tome nuevas medidas para proteger el patrimonio subacuático comunitario fue respaldada por Portugal, Italia, Francia, Grecia, Malta, Polonia, Rumanía y Reino Unido, que sin embargo fue el país "más tibio". También el comisario de Cultura, Jan Figel, se mostró favorable a la iniciativa.

   El ministro recalcó ante sus colegas que "el patrimonio subacuático supone una riqueza de enorme valor para la preservación de nuestra memoria histórica común". "No es sólo un tema de España sino de toda la comunidad", señaló. También alertó al resto de ministros "del peligro que representan para ese patrimonio subacuático común empresas como Odyssey, dotadas de los más modernos medios tecnológicos".

   Por estos motivos, Molina pidió que los Estados miembros y la Comisión inicien una "reflexión en profundidad" para "colmar cuanto antes el actual vacío jurídico" sobre esta cuestión. A su juicio, la primera medida concreta debería consistir en establecer, en coordinación con el Consejo Internacional de los Museos, una "lista roja" con el objetivo de "dificultar el comercio ilícito de bienes procedentes del patrimonio subacuático".

   España pedirá además la inclusión de la protección del patrimonio subacuático como uno de los objetivos de la futura política marítima de la UE que se está poniendo en marcha. Estas medidas servirán, según el ministro, para complementar la puesta en marcha del plan del patrimonio subacuático que está preparando el Ministerio de Cultura, y que convertirá el museo y centro nacional de arqueología subacuática de Cartagena en la institución encargada de la "protección y vigilancia" de este patrimonio.

   "Nos enfrentamos a empresas muy desarrolladas tecnológicamente que han visto que pueden vivir y comerciar obteniendo de manera ilícita un patrimonio histórico y arqueológico que nos corresponde a todos los españoles y todos los europeos", insistió Molina. "Hoy lo hemos traído, lo hemos publicitado, lo hemos sacado a la luz, hemos advertido que eso que nos está pasando a nosotros puede pasar a los demás o nos va a pasar a todos", destacó.