Partidos del País Vasco francés quieren que el Gobierno galo dialogue con ETA

En un primer momento y con el fin de facilitar su desarrollo, consideran que este diálogo debería llevarse a cabo de manera confidencial. "Una vez se constatasen avances significativos, podría hacerse público", señalan.

El texto ha sido suscrito por: Jean-René Etchegaray, alcalde de Bayona (Partido centrista); Kotte Ecenarro, alcalde de Hendaya y vicepresidente del Consejo General de Pirineos Atlánticos (PS); Max Brisson, miembro del Consejo General de Pirineos Atlánticos y concejal en el ayuntamiento de Biarritz; Frédérique Espagnac, senadora por Pirineos Atlánticos (PS); Jean-Jacques Lasserre, senador por Pirineos Atlánticos, miembro del Consejo General de Pirineos Atlánticos y presidente del Consejo de Electos del País Vasco (Partido centrista).

También han firmado el documento: Xabi Larralde, responsable de Sortu en Ipar Euskal Herria; Jakes Bortayrou, responsable de Abertzaleen Batasuna; Michel Larralde, secretario general de la CFDT País Vasco; Jean Lissar, portavos de Europa Ecología Los Verdes (EELV) País Vasco; Marc Oxibar, secretario departamental adjunto, y Jean-Pierre Etcheverry, miembro de la secretaría de la CFDT País Vasco.

Tras su participación en la Conferencia de Aiete, estos representantes políticos han estado trabajando conjuntamente contando con la colaboración del Grupo Internacional de Contacto y Lokarri, según han indicado, "unidos por un compromiso fuerte con vistas a contribuir en el proceso de paz iniciado tras la declaración de cese de actividades armadas por parte de ETA el 20 de octubre de 2011".

En su voluntad de aportar una contribución "positiva al proceso en marcha, identificar las oportunidades reales para emprender medidas que favorezcan la convivencia y fijar las bases de una paz duradera en el conjunto del País Vasco", sugieren que en las conversaciones Gobierno francés-ETA, se aborden las  medidas que podrían tomarse en el marco jurídico actual y en el respeto de los Derechos Humanos.

Entre ellas, citan el "acercamiento, reagrupamiento y aplicación sin restricciones de los derechos de la persona a todos los presos juzgados y a los detenidos en espera de juicio".

Asimismo, proponen la puesta en libertad de las personas que cumplan con las condiciones para beneficiarse de medidas de libertad condicional o provisional, de los presos enfermos y de aquellos que se encuentren en fin de condena.

Sugieren un plan de reinserción social de los presos

También sugieren la elaboración por parte de las instituciones públicas de un plan de reinserción social de los presos (ayuda al empleo, vivienda, acceso a ingresos de jubilación...). Entre las medidas que "necesitan de un consenso político y de un marco jurídico nuevo", defienden la puesta en marcha de una instancia 'ad hoc' para decidir sobre las condiciones de puesta en libertad de los presos condenados que no puedan solicitar una medida de libertad condicional y de los detenidos en espera de juicio que no puedan beneficiarse de una medida de libertad provisional.

Esta instancia debería decidir también, según recoge el documento sobre: la aplicación a los refugiados de la libertad de elección acerca de su lugar de residencia; la suspensión de los procedimientos jurídicos y policiales contra militantes de ETA y la toma en consideración de su situación caso por caso; la exclusión de los "delitos políticos" en la aplicación de la Orden de Detención Europea; la puesta en marcha de un régimen transitorio derogatorio en la aplicación de la ODE para los asuntos ligados al conflicto vasco y; la elaboración en último término de una ley de amnistía para los asuntos ligados al conflicto vasco.

Sobre las medidas que conciernen al fin de la actividad armada de ETA, piden un acuerdo entre el gobierno y ETA, bajo control internacional, para definir y poner en práctica las condiciones y los procedimientos de desarme y desmantelamiento de las infraestructuras de ETA en Francia.

Reconocimiento recíproco del sufrimiento de las víctimas

Respecto a las consecuencias del conflicto y la reconciliación, los firmantes del texto señalan que una comisión de expertos del tipo "Verdad y Reconciliación" debería ser puesta en marcha con el fin de "arrojar luz sobre los hechos ligados al conflicto, de establecer un reconocimiento recíproco del sufrimiento de todas las víctimas y de definir las diferentes formas de reparación (social, económica...)".

A su juicio, la cuestión de la reconciliación debería ser abordada desde el comienzo del proceso de paz y llevada a cabo en el respeto de los ritmos de cada uno de los agentes implicados. "Este proceso necesitará el compromiso de los gobiernos", precisan.

Con relación al Marco jurídico, político e institucional del País Vasco de Francia, señalan que el debate abierto en Francia en torno al Acta III de la descentralización ha permitido fijar el marco institucional "más adecuado para el País Vasco de Francia: una colectividad territorial de estatus particular". "Esta propuesta de colectividad territorial ha obtenido un consenso político amplio y una fuerte implicación de la sociedad civil", aseguran.

"Hoy, a la espera de modificaciones legislativas importantes que tendrán que llegar en lo concerniente a la organización de los diferentes niveles institucionales, se ponen a debate otras opciones. En cualquier caso, dotar al País Vasco de Francia de un marco institucional específico, contribuirá de manera positiva en el logro de una paz duradera", concluyen.