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Las tarjetas de la 'vergüenza': varios ex directivos de Caja Madrid piden que se archive el caso porque ha prescrito

Las tarjetas de la 'vergüenza': varios ex directivos de Caja Madrid piden que se archive el caso porque ha prescrito

jueves 12 de febrero de 2015, 12:29h
La sombra de las 'tarjetas black' de Caja Madrid es tan alargada como vergonzosa y es que ahora, algunos de sus usuarios han pedido al juez instructor del caso, Fernando Andreu que archive el proceso porque consideran que los hechos de los que se les acusa han prescrito.
Varios ex consejeros y ex directivos de Caja Madrid que usaron las tarjetas opacas de la entidad ya se han opuesto a su imputación, y ahora incluso, algunos piden el archivo del caso como la ex directiva Elena Gil García, que gastó con su visa 72.500 euros, principalmente en joyas (unos 15.900 euros en total), artículos en tiendas de lujo como Channel o Armani o viajes, y a la que el magistrado imputó junto con el resto de beneficiarios de estas tarjetas el pasado 28 de enero.

La defensa de Gil García, que dimitió dos semanas después de que estallara el escándalo el pasado octubre de su puesto de consejera independiente de Jazztel, ha presentado un escrito al magistrado, al que ha tenido acceso Efe, en el que le emplaza a revocar su decisión de imputarle un delito de apropiación indebida y archivar las actuaciones respecto a ella.

Según explica, en la línea de lo que ya han alegado otros imputados, los altos responsables de la caja le entregaron una tarjeta "no corporativa" en su condición de alta directiva.Pero aclara que ella fue cesada de su puesto -por el que recibió un salario bruto de 143.041 euros más un complemento de 61.303 y otros seis pagos mensuales de 6.130, según el contrato de cese que aporta- el 1 de julio de 2004.

Además, el último movimiento que figura en su visa es del 26 de agosto de ese año, con lo que se ha sobrepasado los 10 años de plazo de prescripción previsto por la ley.Es más, los hechos ya estaban prescritos, en concreto por un mes, cuando la Fiscalía Anticorrupción denunció los hechos el 25 de septiembre del pasado año.


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