La Audiencia Nacional ya absolvió a los ocho acusados por el asalto al Parlament en junio de 2011, pero el Tribunal Supremo anuló esta sentencia el pasado marzo y condenó a los acusados a tres años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado. El Supremo calificó de "errónea" la interpretación de la Audiencia sobre los derechos en litigio: el de la libertad de expresión y el de reunión.
La Audiencia Nacional ha suspendido el ingreso en prisión de los ocho condenados por asediar el Parlament de Cataluña el 15 de junio de 2011, durante una protesta convocada contra los recortes, hasta que se resuelva la petición de indulto que han tramitado ante el Ministerio de Justicia.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal ha paralizado el cumplimiento de las penas de prisión teniendo en cuenta que las partes personadas no se han opuesto a esta medida, así como las "circunstancias sociales concurrentes" y el voto particular formulado en la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, que consideraba "proporcional" que la petición de un indulto parcial suspendiera la ejecución de la pena de los acusados sin antecedentes penales.
"No pudiendo obviar como cualquier estimación parcial implicaría, razonablemente, la posibilidad de conjugar institutos jurídicos cuya virtualidad quedaría afectada", razonan los autos que han sido dictados por la Audiencia Nacional, que ha comunicado su decisión al Registro Central de Penados y Rebeldes.
El Tribunal Supremo anuló en marzo pasado la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a los implicados en el asalto al Parlament de Cataluña en junio de 2011 y condenó a tres años de cárcel a ocho de ellos por un delito contra las instituciones del Estado.
En su sentencia los magistrados analizaron la interpretación realizada por la Audiencia Nacional en relación con la colisión de dos derechos fundamentales en conflicto: el de libertad de expresión y el de reunión. Concluyeron que la Audiencia Nacional incurrió en un "patente error" a la hora de solucionar ese conflicto surgido por la convergencia de bienes jurídicos constitucionalmente protegibles, puesto que esos dos derechos "colisionaban con el derecho de participación de los ciudadanos a través de sus legítimos representantes en el órgano legislativo".
Los hechos se remontan al 15 de junio de 2011, cuando una concentración convocada por el 15M ante el Parlament derivó en el asedio a más de una decena de parlamentarios, entre ellos el presidente del Govern, Artur Mas, al que se le impidió el paso cuando viajaba en su vehículo oficial, que fue golpeado y zarandeado, con lo que tuvo que acceder en helicóptero a la Cámara junto a otros diputados.
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