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El Govern, lejos de amilanarse ante las "amenazas" de Rajoy, seguirá adelante con el proceso soberanista

martes 27 de octubre de 2015, 15:58h
El Govern de Cataluña no dará ni un paso atrás en su hoja de ruta soberanista a pesar de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya insistido en que los independentistas no lograrán su objetivo y haya vuelto a advertir de que el Estado podría llegar a suspender la autonomía catalana si es necesario como "instrumento que nos da la ley". La vicepresidenta del Ejecutivo catalán, Neus Munté ha censurado las "amenazas" de Rajoy ante la propuesta de resolución de Junts Pel Sí y la CUP, que pretenden iniciar el proceso hacia la independencia desde el Parlament.
El Govern, lejos de amilanarse ante las 'amenazas' de Rajoy, seguirá adelante con el proceso soberanista
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(Foto: EFE)
Munté ha defendido que el Parlament está legitimado para empezar el proceso porque tiene un mandato democrático del 27-S, y ha avisado de que el Govern colaborará haciendo las leyes oportunas: "Como Govern estamos centrados en facilitar el mandato democrático".

La número 2 del Govern ha anunciado que el Ejecutivo en funciones prevé tramitar las tres leyes que contempla la propuesta de resolución --proceso constituyente, seguridad social y hacienda pública--, y ha acusado a Rajoy de no respetar "la democracia y la libertad de expresión" al oponerse a la propuesta de JxSí y la CUP.

La vicepresidenta ha recordado que el Consell per a la Transició Nacional --órgano asesor del Govern en el proceso soberanista-- ya hizo un libro blanco que recogía numerosas propuestas sobre cómo articular un Estado. Según ella, esto significa que el Govern en funciones no empezará de cero con estas leyes: "Ha habido unos trabajos previos, y el Govern está en disposición de continuar avanzando en estos trabajos que ahora deberán tener la estructura y la forma de una ley".

Munté ha empezado la rueda de prensa pidiendo "respeto" a Rajoy por la propuesta de resolución, y, al constatar después que el presidente ha cargado contra la resolución en su comparecencia desde La Moncloa --que se ha producido al mismo tiempo--, la vicepresidenta ha cuestionado la calidad democrática del Estado.

"Las amenazas no son propias de un gobierno y de un Estado democrático", según Munté, que ha concluido que la propuesta de resolución soberanista sólo busca aplicar un mandato de la ciudadanía, que el 27S votó por una mayoría independentista en el Parlament. Ha dicho estar entristecida porque Rajoy vea la propuesta de resolución como una provocación del Parlament al Estado, y ha atribuido esta reacción a que ya está defendiendo su reelección: "Ha entrado en campaña, y determinados discursos en relación a Cataluña tienen rentabilidad electoral".

Munté, ha hecho un balance muy negativo del primer mandato del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "Esta legislatura ha significado los peores cuatro años para Cataluña de los últimos treinta". Ha criticado que la gestión del Gobierno del PP se ha caracterizado por "el ahogo económico" a las autonomías y la recentralización de competencias, y ha concluido que todo esto se ha hecho sin diálogo con los gobiernos de las comunidades.

La dirigente catalana ha expuesto que esta falta de diálogo no ha sido solo sobre "las aspiraciones democráticas" de los catalanes, en alusión al proceso soberanista, sino también en lo económico, ya que ha acusado al Gobierno central de imponer los techos de déficit sin dejar margen para la negociación.

La también portavoz del Govern no ha hablado abiertamente de desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) si empieza a suspender iniciativas de la Generalitat y del Parlament, pero sí ha afirmado que el Govern ya articuló en el pasado "maneras" para sortear decisiones del alto tribunal.

Ha constatado el caso del decreto contra la pobreza energética aprobado por el Govern y suspendido por el TC, asegurando que el Ejecutivo catalán ha articulado medidas alternativas a las que preveía el decreto para conseguir "idéntico resultado y minimizar el impacto" de la suspensión del tribunal.

No ha querido entrar en más concreciones para no seguir el juego a las instituciones del Estado --según ha alegado-- pero asegura que el Ejecutivo catalán está convencido de actuar en la legalidad que "emana del Parlament".

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