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Castilla-La Mancha aprueba su propia ley local que blinda la prestación de servicios públicos por parte de los ayuntamientos
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(Foto: Diariocrítico de Castilla-La Mancha)

Castilla-La Mancha aprueba su propia ley local que blinda la prestación de servicios públicos por parte de los ayuntamientos

El PP tacha la norma de "vergüenza" y acusa a la Junta de "no asumir sus propias competencias"

miércoles 02 de diciembre de 2015, 13:05h
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado con los votos a favor del PSOE y de Podemos y en contra del PP la Ley de medidas para la garantía y continuidad en Castilla-La Mancha de los servicios públicos como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha tomado la palabra antes de la votación de esta ley propuesta por PSOE y Podemos para decir que la medida "solo quiere dotar a las corporaciones locales y a sus funcionarios de la seguridad jurídica" necesaria para que puedan prestar servicios en contra de lo que dice la ley nacional.
Ha puesto de manifiesto que otras comunidades autónomas, también gobernadas del PP, han elaborado normas similares en forma de Decreto Ley para evitar el debate parlamentario, mientras que en Castilla-La Mancha el procedimiento ha pasado por las Cortes.
"No va a haber ningún perjuicio para los ciudadanos. El Gobierno no me daba todas las garantías de que las corporaciones locales pudieran seguir prestando sus servicios, por eso se ha promovido esta ley", ha explicado.
Igualmente, ha aprovechado para decir que los "problemas" que se intentan solucionar a través de este texto se podrían revertir con un nuevo modelo de financiación local y autonómica.
"Es verdad que se necesita una reforma de la Administración para saber dónde están las competencias, y a partir de ahí ver la financiación necesaria", ha declarado.
PSOE: "LOS AYUNTAMIENTOS NO SON MENORES DE EDAD"
La diputada del PSOE Blanca Fernández ha defendido esta medida porque a su juicio "hace que los ayuntamientos puedan seguir prestando servicios públicos con tranquilidad", además de que se trata de una ley "esencial para aquellas zonas rurales cuyo único amparo es su alcalde".
En su intervención desde la tribuna de oradores, ha apostado por que los ayuntamientos puedan ejercer competencias en materia de asuntos sociales gracias a esta ley, lo cual no se podía llevar a cabo con la entrada en vigor de la ley nacional de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Según Fernández, los ayuntamientos "ya no son menores de edad", y pueden dedicarse a estas competencias al amparo de esta nueva ley regional porque "apenas acumulan el 4% de deuda pública" en el conjunto español.
"Son sostenibles, saben gestionar, saben hacer las cosas, aunque eso no quiere decir que no hayan tenido dificultades especialmente en la pasada legislatura con los recortes del anterior Gobierno", ha dicho. Ha querido dejar claro que la medida "no obliga" a los consistorios a prestar competencias, pero sí que facilita que puedan hacerlo si así lo estiman oportuno. En definitiva, es una norma según el PSOE "que permite que puedan mantener o iniciar servicios y no haya ninguna ley estatal que lo impida".
EL PP ACUSA A LA JUNTA DE NO ASUMIR SUS COMPETENCIAS
La parlamentaria del PP Ana Guarinos, por su parte, ha defendido las enmiendas que quedaban vivas de su Grupo Parlamentario asegurando que esta medida que ha sido propuesta conjuntamente por PSOE y Podemos se debe a que el Gobierno regional "no puede asumir sus propias competencias".
En su opinión, el hecho de que con esta norma se quiera facilitar a los consistorios que puedan hacer frente desde sus competencias a determinados servicios que de lo contrario serían asumidos por la Comunidad Autónoma hace que "sea una vergüenza decir que es una ley buena para los ayuntamientos".
Ha recordado además que la medida nacional que se quiere contrarrestar "es una ley que se aprueba como consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución, promovida por José Luis Rodríguez Zapatero".
"Si este Gobierno no es capaz de ejercer las competencias que le tocan y si lo único que hace que es tengan que pagar lo que tiene qué pagar la Junta, qué presidente tan incompetente tenemos", ha indicado.
PODEMOS CREE QUE LA LEY NACIONAL "PERJUDICA A LOS CIUDADANOS"
Por su parte, el diputado de Podemos José García Molina ha defendido esta inhabilitación de la ley nacional a través de la norma regional que hoy sigue su curso asegurando que la estabilidad presupuestaria que propugnaba "perjudica a los ciudadanos porque hace que se le presten peores servicios".
"La economía es política, no es ciencia. Por eso me sorprende que a veces se inste a la consignación presupuestaria para tomar medidas y otras veces no, en función de lo que les interese o de cuáles sean sus prioridades", ha lamentado García Molina dirigiéndose a PP y PSOE.
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