El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, durante su intervención en la fase de cuestiones previas que han dado inicio al juicio del caso Nóos, ha subrayado que "la única respuesta judicial posible" para la infanta Cristina es el archivo de su imputación. La única acusación que sostiene el encausamiento de la hermana del Rey Felipe VI en este proceso es Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel para la Infanta como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. Y como es más lógico, claro, la defensa de la infanta pide su exculpación: "Manos Limpias no puede acusar en solitario a doña Cristina".
El representante del Ministerio Público avala así el sobreseimiento del caso para Cristina de Borbón al aseverar que "la Fiscalía, que representa al Estado, y Hacienda, aquí supuestamente perjudicada, han determinado que no hay hechos que la inculpen". Asimismo, ha subrayado que "no es posible orillar" la aplicación de la Ley en este sentido "amparándonos en la manida frase 'Hacienda somos todos'".
Más en concreto, se ha referido al artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que insta a archivar las pesquisas para quien así lo solicitan Fiscalía y acusación particular. De hecho, tal y como ha abundado, el artículo 124 de la Constitución "otorga al Ministerio Fiscal la misión de defender la legalidad, y ello incluye el cumplimiento del artículo 782 de la LeCrim en sus estrictos términos".
"No es posible que Manos Limpias supla el conocimiento ni la voluntad del perjudicado", ha remarcado Horrach, quien ha aseverado tajante que el Derecho penal "no está para discutir sobre pátinas, fachadas o pelajes" puesto que "las apariencias sólo son poses y espejismos".
Para reforzar sus alegatos, el fiscal ha expuesto un caso "idéntico" al de la Infanta, en el que la Audiencia Provincial de Vizcaya determinó que la acusación popular no podía por sí sola abrir el juicio oral contra las personas que no eran objeto de acusación ni por el Ministerio Fiscal ni por la acusación particular a raíz de la supuesta comisión de un delito contra la Hacienda pública.
Por su parte, el abogado Jesús María Silva, defensor de la Infanta, ha solicitado que le sea aplicada a su patrocinada la "jurisprudencia consolidada" del Tribunal Supremo en torno a la denominada doctrina Botín, al considerar que la hermana del Rey Felipe VI no debe ser juzgada con la sola acusación del sindicato Manos Limpias -ni la Fiscalía Anticorrupción ni Hacienda presentan cargos contra ella-.
El letrado ha reclamado así que se dicte el archivo de la imputación de la mujer de Iñaki Urdangarin y, en esta línea, ha apuntado que, "para evitar que se vulnere la Ley, no pedimos que se aplique la doctrina Botín, sino la jurisprudencia consolidada del TS al respecto"
"Claro que hubo una sentencia inicial [relativa al que fuera presidente de Banco Santander, Emilio Botín, que no fue sometido a juicio en el llamado caso 'cesiones de crédito' por solicitarlo únicamente la acusación popular], pero luego otra, que sin contradecir la primera, la complementó, y otra más", ha incidido.
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