Uribe acepta una “zona de encuentro” con la guerrilla

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, aceptó la apertura de una "zona de encuentro" entre su Gobierno y las FARC, para negociar un acuerdo humanitario sobre los rehenes que mantiene el grupo guerrillero.

Uribe aprovechó una ceremonia de graduación de nuevos generales de la Policía Nacional para anunciar que acogía una propuesta de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) para facilitar el territorio que permita asumir la negociación.

"Nos proponen una zona de encuentro", dijo el gobernante en el campo de paradas de una escuela policial del sur bogotano en el que se congregaron los altos mandos y antiguos jefes de la Fuerza Pública, funcionarios del Estado y representantes del cuerpo diplomático, entre ellos de Estados Unidos.

"El Gobierno manifiesta la disposición de aceptarla con unos puntos importantes por tener en cuenta", dijo luego, para señalar que este escenario de diálogo podrá establecerse en cualquier parte del país, en una zona rural preferiblemente sin puestos militares o policiales que deban ser removidos y sin o con poca población civil.

Los delegados de las partes "no deberían estar armados" y allí se "tendría la presencia de observadores internacionales", continuó Uribe al detallar la propuesta que le presentó la CEC.

Uribe también anunció que el Ministerio de Defensa destinará un presupuesto de 100 millones de dólares "para estimular desmovilizaciones de grupos de las FARC que traigan consigo secuestrados y los liberen".

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, explicó que esa zona tendría una duración de 30 días y, además, reveló que el Gobierno colombiano solicitó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que busque ante las FARC un acceso para visitar a los secuestrados y "verificar" su estado de salud.

El presidente de la CEC, el arzobispo Luis Augusto Castro, recibió con "mucho agrado" el anuncio de Uribe de acoger esta iniciativa, que se precipitó tras la aparición de conmovedoras pruebas de vida de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, también de nacionalidad francesa.

Ella, junto a tres estadounidenses, varios políticos, policías y militares hacen parte de una lista de 45 secuestrados que las FARC intentan "canjear" por unos 500 rebeldes presos.

Las pruebas son unos videos, fotografías y cartas de otros quince secuestrados, entre ellos tres estadounidenses, que las autoridades decomisaron hace ocho días en Bogotá a tres presuntos rebeldes y que, al parecer, iban a ser llevadas al presidente venezolano, Hugo Chávez, a quien Uribe apartó el pasado 21 de noviembre como mediador en el proceso, lo que desató una profunda crisis diplomática.

El anuncio "lo podemos ver como un gesto del Presidente", dijo Yolanda Pulecio, madre de Betancourt, secuestrada en febrero de 2002 y quien lleva cautiva cinco años menos que los rehenes más antiguos, que en breve cumplirán diez años en esta condición.

El arzobispo Castro dijo que espera "que también las FARC nos den este regalito de Navidad de aceptar positivamente esta visión de la zona de encuentro, para empezar a diseñarla de una manera muy rápida y clara".

En el mismo sentido reaccionó el presidente del izquierdista y opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), Carlos Gaviria, al señalar que espera "que la respuesta de las FARC (...) sea positiva".

Uribe autorizó al alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y a la CEC para que busquen "la manera de juntarse con las FARC, y dentro del marco expresado, encontrar la zona indicada".

La decisión del gobernante abrió las puertas, al menos, al escenario en el que los portavoces por las partes podrán sentarse a negociar la puesta en libertad de los secuestrados y la excarcelación de los guerrilleros.