La infanta Cristina no se libra de la cuestionada Manos Limpias: el tribunal decide mantener su acusación

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los medios después de que las magistradas hayan desestimado la petición realizada por el abogado de Diego Torres -y a la que se adhirió la mayoría de defensas- de que el sindicato deje de ser parte en este procedimiento judicial a raíz de las investigaciones de la Audiencia Nacional contra Ausbanc y el sindicato por presuntas extorsiones a entidades bancarias.

"Es una decisión correcta y no podía ser de otra manera", ha subrayado la letrada, quien ha manifestado que las investigaciones de la AN son "muy incipientes" por lo que "hay que apelar a la presunción de inocencia".

En esta línea, ha recalcado que Manos Limpias, como persona jurídica, no está imputada en ese procedimiento judicial. "Yo creo que es una noticia importante, mi cliente sale reforzado en el día de hoy en la personación de la causa. El procedimiento sigue y esperaremos a la sentencia".

Se da la circunstancia de que el abogado de la Infanta Cristina se opuso a la pretensión del letrado a pesar de que Manos Limpias es la única acusación que ejerce acciones penales contra la exduquesa. Sí se adhirió a la petición, por el contrario, la defensa de Iñaki Urdangarin.

La presidenta del tribunal, Samantha Romero, exigió este miércoles "rigor" puesto que "no hay una sentencia firme contra nadie". "Hay que respetar el principio de presunción de inocencia", espetó.

Tras anunciar el rechazo a la pretensión de Torres, la magistrada ha aseverado en esta línea que no cabe un pronunciamiento "anticipado" en este sentido, toda vez que, ha subrayado, "no va a añadir nada" a lo dispuesto en el auto con el que el pasado 29 de enero el tribunal acordó que la Infanta continúe en el banquillo de los acusados y rechazó por tanto que le fuese aplicada la denominada doctrina Botín.

En esa resolución, de 85 páginas, la Sala cuestiona de forma tajante la tesis mantenida por el Tribunal Supremo sobre la doctrina Botín y subraya que ésta "no halla sustento en la norma procesal penal vigente ni puede ampararse en la voluntad del legislador" dirigida a garantizar que toda persona pueda ser parte en un proceso judicial.

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