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El aguijón de proa

Si por alguna cosa positiva puede pasar el Gobierno de Zapatero en estos cuatro años es por la labor legislativa desarrollada por el superministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que, por otro lado, ha tratado de pasar lo más desapercibido posible ya sea por propia timidez -cosa que no lo parecía cuando ejerció de yunque contra Aznar en el parlamento- o porque no quería que le ocurriera lo mismo que a su predecesor Francisco Alvarez Cascos, que ayudó a Aznar a subir a lo más alto de la política española y que fue sacrificado en altar del "centralismo" en cuanto el "numer one" consolidó su Gobierno y su liderazgo.

La legalización de los matrimonios homosexuales, las leyes sobre Igualdad hombre-mujer y contra la Violencia de Género, y la Ley de Discapacidad, forman una Biblia compacta que ha tenido el valor de sublevar a la derecha -especialmente a la Iglesia- y sacarla a la calle en una batalla que el Gobierno tenía ganada de antemano y la oposición perdida. De forma muy parecida a lo que le ocurrió a Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Justicia con Adolfo Suárez, cuando la derecha y los obispos intentaron parar la realidad del divorcio y del aborto hace 25 años, las bodas entre gays han sido aceptadas con normalidad por la sociedad española que se cuenta, para bien y para mal, entre las más liberales del mundo.

Caldeando el ambiente de la derecha con esta las bodas homosexuales, Caldera ejerció de "aguijón de proa" del barco de Zapatero, hasta conseguir que la Iglesia y la derechona -que decía Umbral- hicieran de este tema -muy superado ya por la sociedad española- su argumento principal contra el PSOE. A más de dos años vista los propios dirigentes del PP han reconocido que fue un error seguir a los obispos en esta cruzada antigay.

Caso contrario es la Ley de Igualdad, porque mientras todo el mundo -excepto los obispos que nunca aceptarán a las mujeres como iguales en la Iglesia- finge aceptarla, la realidad es que la cosa va para muy largo, incluso en aquellas profesiones más feminizadas, como pueden ser la educación y la medicina.

Las mujeres presentes en los consejos de administración de las grandes empresas son todavía como guindas sueltas y más de un cincuenta por ciento de las ejecutivas acaban abandonando sus aspiraciones profesionales para dedicarse a ser madres.

Uno de los grandes fracasos de la sociedad española ha sido precisamente el no haber conseguido conciliar el trabajo con la vida familiar, lo que ha repercutido en que tengamos una de las tasas de naatalidad más bajas del mundo, sólo amortiguada por la incorporación de las mujeres inmigrantes.

Todas los intentos de Zapatero, como antes le ocurrió a Aznar, para parar la violencia machista han sido hasta ahora un fracaso absoluto y cada año se repiten los casos de crímenes domésticos sin que la Ley de Violencia de Género -que ha llevado la legalidad hasta el límite de los derechos humanos- haya podido frenar las 60-70 muertes que se producen cada año.

Algo parecido a la casi imposibilidad de reducir los muertos en los tajos laborales, otra de las máculas que no se pueden arreglar, a lo que se ve. Ambas tragedias competen directamente al Ministerio de Caldera, aunque en muchos casos el ministro español no puede hacer nada sin la colaboración directa de los consejeros autonómicos de los que dependen, por ejemplo, la inspección laboral o las policías autonómicas.

El superministerio Caldera ha pivotado -y no siempre de una manera homogénea- sobre cinco muelles: el del Empleo, donde enseguida se quemó el hombre de confianza del ministro, Valeriano Gómez, que fue sustituido en la Secretaría General de Empleo por Antonio González. El predominio de ugetistas en este departamento ha envenenado mucho las relaciones con CC.OO. y especialmente con su presidente José María Fidalgo, que ha intentado jugar tímidaente a la oposición sin conseguir siquiera que el Gobierno incluyera al sindicato mayoritario en las nuevas indemnizaciones millonarias que ha otorgado a UGT por las incautaciones franquistas.

La labor de Caldera con las organizaciones sindicales y empresariales ha sido muy discreta, consiguiendo, por lo menos, que la patronal no participara activamente en el acoso y derribo del Gobierno, al estilo de la Iglesia.

Las tres mujeres fuertes del Ministerio, Soledad Murillo (Igualdad), Amparo Valcarce (Servicios Sociales, Familia y Discapacidad) y Consuelo Rumi (Inmigración y Emigración) han campado, por lo demás, por sus respetos. Fruto de su esfuerzo han sido la Ley de Dependencia de Valcarce -muy mal acogida por los barones autonómicos del PP porque creen que invade sus competencias- o la famosa regularización de 800.000 inmigrantes que trabajaban sin papeles en España y a los que se ha incorporado a la Seguridad Social.

La legalización de los 800.000 fue rechazada por el PP porque iba a tener un "efecto llamada" que luego no se ha concretado en un aumento sustancial de la inmigración. Peor ha sido el problema de   los miles de africanos que han entrado en España a través de Canarias y que obligó a intervenir a Interior y al propio ministro de Exteriores Moratinos para tratar de frenar la salida de cayucos de los países subsaharianos.

En el Exterior han sido muy importantes las ayudas a los miles de emigrantes españoles -en su mayoría ancianos y jubilados- que viven en Rusia (niños de la Guerra), países europeos y, sobre todo, en Iberoamérica, a los que se ha dado la posibilidad de votar en sus ciudades de origen.
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