Ecuador está envuelto en la incertidumbre ante la propuesta oficial de una polémica ley tributaria que, entre otros, grava las tierras improductivas, las herencias, incrementa impuestos para cigarrillos, licores, educación y vehículos de lujo, así como la salida de capitales.
Con la polémica ley, que estudia una mesa de la Asamblea Constituyente, donde el presidente de Ecuador, Rafael Correa, tiene amplia mayoría con 80 de los 130 escaños posibles, el Gobierno espera recibir 350 millones de dólares adicionales para el fisco.
La controvertida reforma ha provocado un rotundo rechazo del asambleísta opositor León Roldós, del grupo RED, en la intención de gravar con un máximo de 75 por ciento a la herencia de más de 500.000 dólares.
Roldós dijo hoy que el impuesto por la herencia de padre a hijo debe eliminarse por completo y gravar, por ejemplo y si es el caso, la herencia de tíos a sobrinos, en porcentajes aún por definir.
María Paula Romo, asambleísta oficialista y vicepresidenta de la mesa legislativa, apuntó hoy que les parece excesiva la propuesta del impuesto a la herencia, por lo que propondrán una tabla diferente de porcentajes, que no reveló.
Diversos grupos de empresarios se reunieron hoy con delegados de la mesa legislativa para exponer sus reparos sobre la reforma que, a criterio de varios de ellos, podría incentivar al contrabando y provocar la salida de empresas locales que busquen en países vecinos mejores condiciones para operar.
Los empresarios critican la velocidad con que la mesa trata el proyecto de Ley de 183 artículos pues se presume que, con la mayoría oficialista, ésta puede ser aceptada antes de finalizar el año.
También los deportistas han acudido ante la mesa en Montecristi (oeste) para rechazar el proyecto de ley que elimina el 15 por ciento de impuesto a los consumos especiales (ICE) de las telecomunicaciones, que actualmente se destinaba al deporte.
El Gobierno de Correa está empeñado en acabar con la evasión fiscal en el país y en ampliar el universo de contribuyentes con la inclusión, también de pequeños comerciantes a los que ha ofrecido aligerar los trámites para que el proceso de pago de impuestos sea menos engorroso.
En ese sentido, por ejemplo, amplió la base de contribuyentes del Impuesto a la Renta (IR) al bajar de 7.850 a 5.000 dólares anuales los ingresos por persona.
La polémica ley mantiene a la expectativa también a los ciudadanos de a pie que desconocen el alcance de la misma, como propietarios de autobuses, cuyo coste supera los 40.000 dólares y que consideran que no deben pagar un tributo especial al tratarse de un medio de trabajo y no de lujo.
La incertidumbre sobre el alcance del proyecto de ley llega también a los ayuntamientos, que se verían afectados por modificaciones en las asignaciones provenientes de impuestos.
El Gobierno defiende su propuesta tributaria al asegurar que con ella se busca, entre otras cosas, que quienes más ganan, paguen más y así incitar a la equidad en la economía.
Según el Servicio de Rentas Internas, Ecuador recaudó en impuestos entre enero y noviembre pasados un total de 4.695,6 millones de dólares de los 4.905,2 millones esperados para todo 2007.
Las reformas que estudia la Comisión Legislativa son cuestionadas por grupos políticos opositores que aseveran que la Asamblea fue elegida para redactar una nueva Carta Magna, más no para legislar.
El pasado 29 de noviembre, cuando se instaló la Asamblea, ratificó en el cargo a Correa y declaró en receso indefinido al Parlamento que, dos días antes, se había acogido a un receso voluntario y legal de un mes, por lo que anunciaron su retorno para enero de 2008, aunque ahora se desconoce si se cumplirá.
Para defender sus acciones, la Asamblea reitera que es de "plenos poderes", aunque la oposición apunta que esa condición es únicamente para redactar la nueva Carta Magna.
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