Nuestro futuro energético

Ante la magnitud de la crisis energética surgida durante estos últimos meses en el continente europeo –gas y electricidad cada día más caros-, la UE ha formulado una propuesta a los 27 para avanzar con otro ritmo hacia una «inversión verde» en proyectos nucleares y de gas. El borrador lanzado a los países integrantes de la UE pone sobre el tapete dar la calificación de «verde» a los proyectos que sustituyan al carbón y emitan hasta 270 gramos de CO2 por kW/h.

Nadie en Europa pone en duda que el camino ideal es transitar esencialmente hacia las energías limpias (eólica y solar), pero hasta que la tecnología no sea capaz de acumular en una especie de “superbaterías” los excedentes de la energía creada y no consumida, va a haber que seguir recurriendo a la energía nuclear y a la gasística, ambas mucho más fácilmente almacenables, tanto para dar respuesta a las necesidades extraordinarias tanto industriales como de consumo de la población.

Entretanto, unos, partidarios de la medida, creen que las plantas de gas son más limpias que las de carbón y que la energía nuclear no emite gases de efecto invernadero, pero otros, críticos con la propuesta, entienden que las emisiones no son lo suficientemente inocuas como para ser calificadas como “verdes”. Entre estos últimos está nuestro país que, en voz de la ministra Teresa Ribera ya se ha opuesto al cambio de color de las dos energías –gas y nuclear-, que se plantean temporalmente como complementarias de las energías netamente verdes y sostenibles como son la eólica y la solar.

Una vez más vuelven a enfrentarse la ideología y la realidad, el horizonte de lo que a unos les gustaría llegar a ser y la realidad de lo que hoy, de verdad, puede hacerse para ello. El pragmatismo alemán (partidario del gas) y francés (claramente decantado por la energía nuclear), para evitar la dependencia de terceros países, se impone frente a la utopía de gobiernos como el de Sánchez que prefiere invertir tiempo y energías en maquillar la realidad de una subida sin precedentes en la energía en nuestro país (los precios del gas y de la electricidad se han multiplicado por varios enteros en los últimos meses), que en poner en marcha medidas verdaderamente eficaces para detener esa bomba económica que, además, está lastrando a otros productos de consumo y, en consecuencia, a imponer una inflación estructural que nos ha llevado en 2021 a una subida de precios cercana al 6%.

El empecinamiento del gobierno para no dar marcha atrás ni siquiera por un momento que, además, la opinión pública entendería perfectamente, vuelve a ser la tónica dominante. No se trata de abandonar la senda verde de nuestra apuesta energética que comenzó Rodríguez Zapatero hace ya década y media, ni de invertir en nuevas centrales nucleares, medida poco rentable en estos momentos de transición, pero sí de reactivar por un tiempo las antiguas centrales nucleares como salvaguarda de estos vaivenes de precios energéticos, hasta ahora nunca vistos, y que amenazan con hacerse más duraderos de lo deseable.

De quedarnos así, de brazos cruzados y viéndolas venir, seguiremos teniendo que pagar el gas (importado desde Argelia y con la incertidumbre que da la tensión de este país con Marruecos), y la electricidad generada desde las centrales nucleares de Francia, a precios desorbitados.

Y, si fuera esto solo, del mal el menos, pero es que a ello hay que sumar el incremento fiscal que ha puesto en marcha este año la ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado, insaciable en su afán de esquilmar los bolsillos de todos los españoles, aunque diga que solo busca los de los más ricos. No le basta con el incremento de la fiscalidad en automóviles, gasolinas, luz, gas, tabaco, etc., sino que su mano llega también hasta el IRPF, impuesto del que no se salvan tampoco los salarios bajos y medios. Podría mirar hacia Alemania, por ejemplo, que también tiene ahora al frente un gobierno socialdemócrata (aliado con verdes y liberales), que ha optado por todo lo contrario, es decir, por rebajar los impuestos a los ciudadanos alemanes en más de 30 000 millones de euros para intentar así reactivar su economía.

La alternativa -eso, al menos y exagerando un tanto, parece querer decir el gobierno con sus iniciativas contra corriente-, no va a ser más que volver al modo de vida que nos llevó desde la Revolución Industrial hasta principios del siglo XX (vehículos de tracción animal, vuelta a la chimenea en casa, y trenes a vapor), en vez de automóviles, internet, electricidad y trenes AVE, que son la marca del siglo XXI.

A este paso pronto nos veremos en la tesitura de ir desde Madrid a Toledo, de Alicante a San Juan o de Sevilla a Dos Hermanas en diligencia o a caballo. Si es eso lo que buscan, que lo digan y, en las próximas elecciones generales –no digo nada nuevo-, los ciudadanos españoles habrán tomado buena nota y obrarán en consecuencia.