Mala praxis política

Hace unos años, un grupo de personas sin identificar envió a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Sanidad unos papeles con información sobre supuestas muertes de pacientes terminales provocadas por dosis anormales de sedantes, proporcionadas por un grupo de médicos liderado por el doctor Luis Montes, un  rojo mata viejos, a juicio de estos insensatos.

Tiempo atrás, cuando el presidente regional era Alberto Ruiz-Gallardón, documentos parecidos llegaron a la Consejería de Sanidad, pero entonces la respuesta fue diferente. Los metieron en un cajón y pasaron del tema, ya que las consecuencias podrían haber sido parecidas a las de ahora, de haber actuado como hizo la Administración regional liderada por Esperanza Aguirre, quien dejó hacer al responsable sanitario de entonces, Manuel Lamela, hoy consejero de Transportes.

Sin embargo, en esta ocasión, la Comunidad de Madrid dio crédito a algo que hoy la Justicia ha puesto en su sitio. Los profesionales del Severo Ochoa que trabajan en Cuidados Paliativos y atienden a pacientes que suman a su dolencia el dolor de lo incurable, según el último auto de la Audiencia Provincial de Madrid, cumplieron con su obligación de curar hasta donde es posible y garantizar una muerte digna a la persona postrada en una cama.

Lamela cometió un error que nadie supo ni pudo remediar dentro del Consejo de Gobierno, porque consintió la propagación de argumentos sobre la actuación de facultativos que llevaban a caminos/pensamientos indeseables y no eran nada favorecedores de la necesaria confianza del enfermo en el médico, y de éste en un Sistema Público de Salud que les vigilaba y les obligaba a demostrar su no culpabilidad, cuando lo lógico es que el que acusa demuestre y no sólo insinúe.

No supo cortar por los sano y salir en defensa de sus trabajadores, inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. No cabe ninguna duda. Su mala praxis política es evidente, por acción u omisión de auxilia a la Sanidad Pública; también la mala praxis periodística de algunos medios y determinados mediáticos, por apostar a las claras por insultar y criminalizar al doctor Montes y compañía sólo porque era una manera fácil y clara de arremeter gratis contra el PSOE.

La posibilidad recogida ahora por la Justicia no formaba parte de sus planes. Lanzar balones fuera y responsabilizar a la oposición de su grave error -que fue como calificó el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, el bochornoso espectáculo del Severo Ochoa-,  sólo sirve para consolar a los propios y enfurecer más a los contrarios, además de  para desviar la atención. El PSOE aprovechó la metedura de pata de la Comunidad de Madrid para sacar tajada política. Pero eso no es una acusación,  es sólo la descripción de los métodos al uso por los partidos que no están en el Gobierno.

Todo sirve contra el contrario. Que le pregunten a Zapatero cómo se las gastan Rajoy y compañía. Al final, cuando el daño es irreparable y la Justicia ya ha hablado, la única conclusión es que, después de alguna mala praxis periodística y de la mala praxis de la Comunidad de Madrid, los únicos que no se han pasado han sido los acusados de mala praxis médica por los anteriores, que se lamen las heridas al aire libre, en espera de que el tiempo haga olvidar. Y todo porque “Lamela no puede ser entregado a las fieras de la oposición, porque es uno de los nuestros”. Eso dicen algunos dentro del PP.