Esta decisión de la sala del 61 no afecta, por tanto, a la resolución adoptada este viernes por la mañana por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de suspender las actividades de ambos partidos durante tres años por su presunta vinculación con ETA-Batasuna, ya que se trata de una vía distinta, la penal.
De este modo los magistrados de la sala del 61 han rechazado la mayor parte de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y el abogado del Estado y sólo ha atendido dos de ellas: la suspensión de las subvenciones públicas a ambos partidos y la suspensión de presentación de candidaturas por parte de ANV, el único de los dos partidos que pretendía concurrir a los comicios.
La decisión, contemplada en sendos autos de los que sólo se adelantó el fallo, fue adoptada después de que los 16 magistrados de la Sala deliberaran durante casi cinco horas, tras celebrar sendas vistas en las que la suspensión de actividades de ambos partidos fue reclamada tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado. Este último organismo amplió además su petición al grupo parlamentario del PCTV en la Cámara vasca y a los grupos municipales y en las Juntas Generales de ANV.
Peticiones de la Fiscalía y Abogacía del Estado
La Abogacía del Estado había pedido este viernes que la suspensión de actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV) incluyera la de los grupos municipales que mantiene en los ayuntamientos y Juntas Generales del País Vasco y en los consistorios navarros, así como el embargo de las cuentas a nombre de estos grupos. Así lo puso de manifiesto el abogado del Estado, Manuel Pacheco, durante la vista pública de la sala del 61 del Tribunal Supremo sobre las medidas cautelares que plantean la Fiscalía y la Abogacía del Estado en sus demandas de ilegalización y sobre las que ya han comenzado a deliberar los magistrados.
La medida iba más allá de lo decretado por el juez Garzón este viernes por la mañana, que limitaba la suspensión de las actividades de ANV al partido, es decir a sus sedes y otras actividades, pero no a los grupos municipales. Se trata de una petición que el abogado del Estado no formuló en la demanda de ilegalización presentada ante el TS, y que no ha sido secundada por la Fiscalía durante la vista pública de la sala especial sobre las medidas cautelares solicitadas para ANV, en la que no han comparecido los abogados de este partido.
Entre las medidas cautelares que solicitaban la Fiscalía y el abogado del Estado, además de la prohibición de presentar candidaturas a las próximas elecciones generales y la suspensión de su actividad como partido político, se incluye el embargo de sus cuentas corrientes, depósitos y activos financieros y el de cualquier ingreso que reciba por subvenciones o ayudas públicas.
ANV tiene 377 concejales en el País Vasco y otro centenar en Navarra.
Ausencia de los abogados de ANV
Los abogados de Acción Nacionalista Vasca (ANV) no se han presentado esta tarde en la vista convocada por la sala del 61 del Tribunal Supremo para estudiar las medidas cautelares solicitadas en las demandas de ilegalización de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado contra esta formación. Consideran que esta vista ya no tiene sentido una vez que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordara esta mañana la suspensión cautelar por tres años, prorrogables a cinco, de las actividades de esta formación política.
El presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, ha informado de que a las 14.49 horas de este viernes la sala del 61 ha recibido un fax del secretario general de ANV, Juan Carlos Gonzalez, en el que comunican su no comparecencia ante la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien esta mañana ha suspendido cautelarmente las actividades de este partido político durante tres años.
La vista oral, que se celebró sin la presencia de los letrados de ANV, se ha inició a las 16.15 horas después de que la sala especial del TS acordadara acumular las demandas de ilegalización contra ANV presentadas por la Fiscalía y por los servicios jurídicos del Estado, una vez oídas las partes sobre dicha acumulación, que fue solicitada al Alto Tribunal por el abogado del Estado.
Además de la prohibición de presentar candidaturas a las próximas elecciones generales, las medidas reclamadas eran la suspensión de su actividad como partido político, el embargo de sus cuentas corrientes, depósitos y activos financieros y el de los ingresos que por subvenciones u otros conceptos procedentes de las Administraciones Públicas tenga asignados.
Los quince magistrados que componen la sala del 61, más su presidente Francisco José Hernando, se retiraron a deliberar sobre las 17.00 horas, al finalizar la vista pública y han emitido su decisión poco antes de las diez.
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