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Inmigración: La realidad frente a la demagogia

El de la inmigración es uno de los temas recurrentes en distintos periodos de la vida social, económica y política, que se acentúa en periodos electorales; y no es de extrañar, en la medida en que se trata de una de las cuestiones en que con más crudeza se pueden constatar los diferentes planteamientos de carácter político de unas y otras opciones, que se constatan tanto en la forma de plantear los problemas como en las soluciones que se arbitran sobre las cuestiones que se derivan de la presencia de inmigrantes en los países de acogida.

No obstante, en los últimos días estamos asistiendo a una auténtica ofensiva mediática por parte del Partido Popular en materia de inmigración. Una ofensiva que no tiene más remedio que rehuir los datos como único método de alentar la demagogia que (creen) es el mejor camino, o al menos el más corto, para conseguir réditos electorales.

En efecto, las propuestas del Partido Popular en materia de Inmigración, una parte de las cuales no hacen sino abundar en medidas ya existentes, cuales son las que se derivan del cumplimiento de la Ley, se basan en generar temor entre los colectivos más vulnerables y tratar de polarizar a la población en temas fundamentales, tales como la seguridad, el empleo y las prestaciones sociales, como, por otra parte, ha venido haciendo a lo largo de esta legislatura. De paso, profundiza en los argumentos discriminatorios hacia la población inmigrante. Y lo hace en el momento preciso, irrumpiendo en la campaña electoral con un discurso de populismo xenófobo caracterizado por su dureza y simplicidad, y que aparentemente ha dado buenos resultados en países como Bélgica o Suiza, aunque el éxito de esos partidos en estos países se ha basado en la combinación de políticas antiinmigración, con un discurso nacionalista en Bélgica, el partido de Belang se denomina Interés Flamenco y profundamente antieuropeísta en el caso de de la UDC en Suiza.

Medidas, de otra parte, que parece no toman en consideración el hecho de que una parte sustantiva de la población inmigrante es comunitaria, y entre ellos los países que recientemente se ha incorporado a la Unión Europea, y a lo que no se opuso el Partido Popular, ni cuando estuvo en el gobierno, como tampoco estando en la oposición, y que deben ser las legislaciones comunitarias quienes determinen sus condiciones de trabajo y residencia.

El Partido Popular no parece tomar en consideración estudios como los realizados por La Caixa y el BBVA, que ponen de manifiesto que la población inmigrante ha contribuido de manera más que significativa al crecimiento económico de nuestro país en la última década, en concreto, con una aportación del 30,5 por ciento del crecimiento total de la economía española. Su aportación al PIB per cápita durante el periodo 2001-2005 ha sido del 0,7 por ciento y, de hecho, le es imputable el 51,6 por ciento del crecimiento del PIB.

Asimismo, en un periodo de descenso del paro, la inmigración han supuesto más del 50 por ciento del incremento del empleo; un empleo que, según Arias Cañete, es de baja calidad, ya que se trata de mano de obra no cualificada. Y no deja de tener razón aunque, curiosamente, el 57 por ciento de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes tengan estudios secundarios y el 20,64 por ciento, estudios superiores; pero es que el problema reside en que la inmigración se inserta en un mercado de trabajo cuyo modelo de competencia está basado en la sobreexplotación del factor trabajo y no sobre el valor añadido, en el que las cualificaciones tendrían una clara incidencia. También las de los inmigrantes.

La inmigración ha aportado en 2005 a las arcas públicas 23.402 millones de euros, el 2,6 por ciento del PIB, y ha supuesto a estas mismas arcas un gasto del 2,1 por ciento del PIB; por tanto, su contribución neta es del 0,5 por ciento del PIB. Debería ser argumento suficiente para quienes plantean que la Integración es una carga porque saturan los servicios públicos y copan las prestaciones sociales; pero es que, si por ejemplo analizamos el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, con competencias en sanidad, educación y servicios sociales, podemos constatar que a un incremento de la población no se ha correspondido un incremento proporcional de los servicios. Y si el argumento en épocas anteriores para justificar la saturación de algunos servicios en materia sanitaria, se hacía recaer sobre causas epidémicas, ahora se achaca a la inmigración, en una lógica del todo vale, para eludir responsabilidades. Por el contrario, si en vez de transferir recursos públicos a entidades privadas y tratar de deteriorar la calidad de “lo público”, reforzara éstos dotándolos de mayores recursos económicos y humanos, la percepción de competencia por unos recursos públicos escasos y mal dotados, que se produce precisamente en los barrios con menor renta per cápita, el discurso del Partido Popular perdería gran parte de su audiencia.

En todo caso, no resulta sorprendente; el Partido Popular ya ha dado muestras reiteradas de su posición con relación a la inmigración, y para ello basta repasar algunos antecedentes. Si nos remontamos a la segunda legislatura del Gobierno de Aznar (2000-2004) hemos de recordar que el actual aspirante a presidente de Gobierno por el Partido Popular, Mariano Rajoy, fue, entre otros cargos, Ministro de Interior (sustituyendo a Jaime Mayor Oreja tras la fallida tregua de 1999). Ocupó dicho ministerio en febrero de 2001 y en julio de ese mismo año aprobó el Reglamento de la Ley de Extranjería. Una Ley de Extranjería, la 8/2000, que, hagamos un poco de memoria, fue modificada y endurecida, rompiendo el gran consenso social alcanzado con la 4/2000, siendo Ministro de Trabajo Manuel Pimentel, actualmente ausente de las filas del PP.

Dicha Ley de Extranjería entro en vigor el 23 de enero de 2001, siendo objeto de un recurso de inconstitucionalidad, planteado en primera instancia por Comisiones Obreras ante el Defensor del Pueblo y posteriormente por parte del PSOE y algunas Comunidades Autónomas. El recurso se basaba fundamentalmente en la vulneración y no reconocimiento de derechos fundamentales para los inmigrantes.

Curiosamente, en este periodo temporal 2000-2004 es cuando se produce la mayor entrada de inmigrantes irregulares en España, pasando en el año 2001 de ser el 29 por ciento los irregulares entre la población inmigrante, a ser en el 2003 el 47,4 por ciento. Sin embargo, durante los cuatro años de oposición del Partido Popular, éste ha manifestado su negativa al proceso de regularización (normalización) que consiguió, entre varios elementos muy importantes, que la población irregular entre los inmigrantes se redujera del anteriormente mencionado 47,4 por ciento en el año 2003, al 32,6 por ciento en el año 2006.

Todo indica, y algún paso se ha dado pero, sin duda, de carácter más declarativo que otra cosa, que es preciso articular una política común en la Unión Europea en materia de inmigración, que supere la actual dispersión de criterios entre países.

Ciertamente, la evolución de los procesos migratorios ha sido muy diferente en los distintos países de la Unión. Los países pioneros en inmigración ya cuentan con la segunda o tercera generación de inmigrantes, por lo que su principal vía de acceso es la reagrupación familiar; por el contrario, los países entre los que se encuentra España, que ahora comienzan a recibir la primera generación de inmigrantes, tiene en las regularizaciones extraordinarias, los permisos de trabajo iniciales y los contingentes, las vías de acceso más importantes.

Por otro lado, la evolución de las políticas también tiene matices diferenciadores. Así, en Alemania u Holanda se ha venido cambiando el signo de las políticas de inmigración, centrándose fundamentalmente en un esfuerzo por frenar la inmigración ilegal, y en un acceso más difícil al permiso de reagrupación familiar, aunque paralelamente realicen grandes esfuerzos para facilitar la integración social de los inmigrantes realmente establecidos.

En el caso de Bélgica y Reino Unido, por el contrario, la política va encaminada a la simplificación de trámites para el acceso al empleo. En Francia, país en que ha existido siempre un sistema de regularización permanente, así como numerosas autorizaciones temporales de trabajo, con el actual cambio legal se han endurecido las condiciones de acceso al mercado laboral y para la reagrupación familiar. Por cierto, es la frontera con Francia el lugar por el que penetra un mayor número de inmigración clandestina.

De otra parte, países como Austria y Luxemburgo (en este último la población inmigrante ha llegado a significar el 37 por ciento de la población total), han optado por un proceso de regularización permanente.

Pero volviendo a la legislatura 2000-2004, en materia de inmigración, la transposición de la directiva 43/2000/CE para la lucha contra la discriminación por razones de origen racial o étnico, se realizó a través de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos del año 2003 con el claro objetivo de que pasara inadvertida, quitando relevancia de esta manera a dicha directiva, que conllevaba, entre otros, crear un organismo para promover la igualdad de trato.

Como último dato relevante, señalar que uno de los elementos necesarios, aunque no el único, en la lucha contra la contratación de irregulares y contra la discriminación de los inmigrantes en los puestos de trabajo, son las actuaciones de la Inspección de Trabajo; pues bien, las actuaciones de la Inspección de Trabajo han pasado de 35.000 durante el Gobierno del Partido Popular, a 75.000 entre los años 2004 y 2005.

Y Atención: en materias sensibles, los atajos electorales terminan por traer consecuencias indeseables.


Rodolfo Benito Valenciano es presidente de la Fundación Sindical de Estudios y miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO.
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