Durante las reuniones que sostuvo en Quito con funcionarios ecuatorianos, el director general para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, José Ignacio Piña, "insistió en la necesidad de acelerar el intercambio de información oficial", según un comunicado de la Cancillería.
El reclamo se refiere tanto a "las investigaciones que están llevando a cabo las autoridades ecuatorianas correspondientes" como a "la situación jurídica de Lucía Andrea Morett Álvarez", la mexicana herida en el bombardeo perpetrado por militares colombianos en la selva ecuatoriana el 1 de marzo pasado.
En aquel ataque, que desató una crisis diplomática entre Colombia y Ecuador, murieron al menos 25 personas, entre ellas un militar de Colombia y el portavoz internacional de esa guerrilla, Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes".
La cancillería mexicana anunció también que ha mantenido contactos con el Gobierno de Colombia a fin de recabar información sobre los hechos y los mexicanos que se encontraban en aquel campamento.
Además, la SRE "continúa prestando apoyo a las familias de los nacionales mexicanos involucrados en el incidente, a efecto de asegurar que sean plenamente respetados" sus derechos.
Aunque las autoridades forenses de Ecuador han sostenido que no pueden confirmar la identidad de los cadáveres hallados en el campamento hasta realizar pruebas de ADN, se presume que cuatro de ellos podrían corresponder a los mexicanos Fernando Franco Delgado, Soren Ulises Avilés Ángeles, Juan González del Castillo y Verónica Natalia Velásquez Ramírez.
Desde Quito, a donde se desplazaron cuando conocieron el caso, los padres de González del Castillo ya dieron por perdido a su hijo víctima de lo que calificaron de "crimen de Estado".
Los padres reconocieron restos humanos que vieron en unas fotografías en el tanatorio en la capital ecuatoriana como pertenecientes a su hijo.
Si (
No(
