Más de 230 madrileños divorciados disponen de una vivienda pública

De este modo, se materializa un proyecto pionero en toda España que pretende responder a la nueva realidad socio-familiar de la región. Esta iniciativa da respuesta a las necesidades de un grupo de personas cuya situación familiar les ocasiona problemas económicos y de acceso a la vivienda.

En este sentido, el Gobierno de la Comunidad está firmemente comprometido con el objetivo de facilitar a los madrileños el acceso a viviendas de calidad en condiciones ventajosas y a precios asequibles y ese esfuerzo incluye también a aquellos que han pasado por un proceso de separación o divorcio y se han quedado en la calle.

Los adjudicatarios de estas viviendas pagan, dependiendo de la superficie, una renta mensual de entre 155 y 380 euros. Los pisos cuentan también con plaza de garaje.

Un mínimo de dos dormitorios
Las viviendas del cupo de separados y divorciados, promovidas por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), disfrutan de un mínimo de dos dormitorios para que los adjudicatarios puedan atender sus obligaciones familiares, disponiendo de una habitación para alojar a sus hijos, en caso de tenerlos.

Los solicitantes que opten a este cupo han de justificar su condición mediante resolución judicial de separación o divorcio, o a través de las denominadas medidas paterno-filiales adoptadas por el juez en caso de ruptura de pareja de hecho cuando ésta tiene algún hijo. En esta resolución judicial debe quedar claro que el solicitante ha sido privado del uso y disfrute de la vivienda conyugal.

Además, los aspirantes a este cupo de viviendas protegidas regionales han de contar con dos años de empadronamiento o trabajo en la localidad donde se ubiquen los pisos, así como no disponer de ninguna otra vivienda en propiedad en la Comunidad de Madrid ni contar con unos ingresos anuales superiores a 3,5 veces el índice IPREM (unos 23.500 euros al año).