Si algún calificativo se puede usar para la acción de la Ministra de Gobierno, Alicia Muñoz es el de “implacable”. La mujer al mando de la seguridad y el régimen interno boliviano, ha demostrado en reiteradas oportunidades su férrea actitud frente a las situaciones de conflicto, pero dicha disciplina no se condice con una disciplina discursiva similar propuesta por su persona en nombre del gobierno. Muñoz administra su tarea con la convicción de proyectar decisión y autoridad, pero se olvida que la labor del gobernante es también proponer solución, generar espacios de concertación, más aun en un régimen que se ha convenido mayoritariamente opte por la democracia.
La ministra seguramente actúa con el visto bueno de la cabeza del gobierno y las directrices políticas del equipo gubernamental, pero su particular forma de justificar sus acciones denotan rasgos de soberbia que cada día socavan su imagen y perjudican a la legitimidad democrática otorgada al gobierno.
La ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, sentenció ayer que “donde manda la ministra (de Gobierno Alicia Muñoz) no manda el Prefecto (de Cochabamba, Manfred Reyes Villa)”, haciendo referencia a la destitución del comandante departamental de la Policía, coronel Wilge Obleas, dos horas después de ser posesionado.
En una entrevista con la red ATB, se ratificó en la decisión y afirmó que las manifestaciones realizadas en Cochabamba, pidiendo la renuncia del Prefecto eran pacíficas, por lo que la actitud de la policía rayó en la “represión”. Cabe preguntarse, entonces de donde salieron los palos, las piedras y la gasolina para incendiar el edificio. Para aquellos que no conocen Cochabamba, ésta es una de las ciudades más bonitas del país y su Plaza Principal, lugar donde se encuentra la prefectura, se encuentra a kilómetros de cualquier surtidor de combustible, por cierto lejos de cualquier cantera y menos de algún lugar donde se puedan encontrar cientos de palos.
La Ministra se equivoca en esa afirmación, pues la actitud provocadora partió de los manifestantes quienes habían sostenido discursivamente la amenaza de sacar al prefecto “por las buenas o por las malas”. El uso de armas y la destrucción de la propiedad privada y pública, es un crimen hasta que la ley vigente no sea cambiada, la policía está para combatir y reprimir el crimen.
La Ministra ha manifestado que “donde manda Ministra no puede mandar Prefecto” en una clara ratificación de la jerarquía, que para cualquier boliviano queda clara. Pero se olvida también que somos los bolivianos los que mantenemos nuestro Estado por distintos mecanismos, sean tributarios, a través de los recursos naturales de todos y hasta los mecanismos electorales.
Se olvida asimismo, que ella está circunstancialmente en un cargo que se lo han encomendado los bolivianos a través del voto a una opción política y ni ella ni nadie puede disponer de las personas, instituciones y menos descuidar los espacios públicos estatales que le cuestan al pueblo y que se sostienen gracias a los recursos de todos. Por tanto, siendo fiel a su discurso y su responsabilidad, ella debió encabezar la posibilidad de dialogo que tanto pregona y posibilitar el cuidado de la infraestructura dañada por la “pacifica” manifestación.
Afirma discursivamente que no puede haber represión, y no se puede utilizar a la Policía, en este caso a la de Cochabamba, y ejercitar este tipo de acción que se habría constituido en una provocación a los movimientos sociales. Advirtió que estas situaciones no deben volver a repetirse y que la solución a este tipo de circunstancias es el dialogo. Curiosa afirmación cuando se sabe que el propio gobierno alienta las movilizaciones, permite que los “movimientos sociales” utilicen mecanismos “de hecho” para realizar su protesta y se induce de tales situaciones que existe una voluntad política de enfrentamiento desde las protestas en contra de los esquemas opositores.
En la misma perspectiva, no recuerda la ministra que la violenta acción emprendida en contra de los huelguistas de la ciudad de La Paz y el hecho de haber instruido el repliegue de la policía, es también una forma de represión estatal, que puede ser demostrado y que se puede configurar como un crimen contra los derechos humanos y la propia humanidad. El descuidar la seguridad de cualquier boliviano, sea éste afín o no a las ideas de los coyunturales gobernantes, es una responsabilidad asumida por ella misma y que no puede eludir, pues hacerlo es afectar la ley.
Célebres personajes han pasado por la oficina del Ministerio de Gobierno. Desde sujetos que preparaban atentados terroristas a medios de comunicación, pasando por los consabidos militares que transformaron las oficinas en salas de tortura o aquellos que aprovechando las bondades de la democracia instruían protección al narcotráfico desde los teléfonos de dicha cartera estatal.
¿Qué tuvieron en común todos ellos? Que pensaron que el cargo les duraría para toda la vida y que el circunstancial manejo del poder les permitía decir y afirmar todo lo que ellos pensaban. La ministra debe pensar que su posición es efímera y que amenazar a instituciones o personas en las dimensiones de soberbia que le vienen caracterizando, pueden en el futuro garantizarle un futuro similar al otrora poderoso ministro de la Presidencia (de la gestión del destituido Sánchez de Lozada) Carlos Sánchez Berzain, quien se creyó aquello de la posibilidad infinita del poder y hoy se encuentra prófugo de la justicia boliviana.
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