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El juez sólo autorizó el derribo de tres viviendas

El Ayuntamiento de Madrid sólo tenía previsto tirar abajo tres viviendas del poblado situado en el sector 5 de la Cañada Real Galiana este martes pues así lo dictó el juez, informó a Madridiario la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez.
La edil aclaró que el juez sólo ha autorizado derribar tres viviendas que incumplían la normativa. Martínez explicó que el desarrollo de la operación se ha seguido de manera ordenada a pesar de las movilizaciones ocurridas gracias a la intervención de la policía.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Izquierda Unida, Ángel Pérez, indicó que los ayuntamientos de los cinco municipios que recorre la Cañada y los vecinos todavía están esperando la respuesta afirmativa de la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno para formar parte de un consorcio de acción en la zona. "Es necesario crear un censo de la Cañada Real y abordar políticasde carácter  social para solucionar el problema que sufren los vecinos que habitan allí".

Pérez añadió que "ninguna institución debe dar por buena la situación ni pensar que sólo se debe abordar el problema desde sus competencias de orden público, sino también desde el ámbito social".

Y concluyó explicando que, con su falta de acción el Gobierno regional y la Delegación "están dando a entender que Madrid necesita un cuarto trastero para guardar todo aquello y ése es la Cañada, donde viven 40.000 personas en condiciones infrahumanas".

Por su parte, el concejal socialista de asuntos sociales, Pedro Zerolo, explicó que "es urgente que las administraciones competentes, con el Gobierno regional a la cabeza, pongan soluciones a la herida urbana que supone la situación de la Cañada Real en vez de permanecer en la inacción institucional que hay actualmente". "Existe un fracaso social insostenible -agregó el edil- y una situación alegal e ilegal de chabolismo crónico que hay que solucionar mediante políticas de intervención social preventiva y medidas judiciales y policiales en los casos que proceda". Para ello, pidió la creación de un censo de población pues, según informó, ha aumentado el número de parcelas ilegales. Concluyó diciendo que "si no se ponen los instrumentos para que se solucione el problema, continuará repitiéndose una y otra vez".
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