Prada pide responsabilidades políticas por el escándalo de Coslada

Tras inaugurar la decoración especial que lucen 28 estaciones del Metro con motivo del Día de Europa, Prada ha manifestado que la detención de 26 agentes de la Policía Local acusados de extorsión es "un escándalo que un sistema democrático no debe permitir".

"La Ley tiene que actuar con toda su dureza", ha afirmado el consejero, que ha instado al alcalde de Coslada "a ir pensando en asumir la responsabilidad política en vez de intentar echar balones fuera". El vicepresidente segundo ha recordado que el Gobierno madrileño ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la Comunidad para que se personen en las diligencias judiciales abiertas.

Los hechos
Agentes de la Policía Judicial, la Jefatura Superior de Madrid y la Unidad de Intervención Policial irrumpieron este jueves en el cuartel de la Policía Local de Coslada y detuvieron a 31 agentes, incluidos varios miembros de la Bescam, por su presunta vinculación a una trama de corrupción. La detención del oficial jefe de la Policía Local de Coslada y considerado cabecilla de la trama, Ginés Jiménez Buendía, desencadenó el resto de actuaciones.

A los detenidos se les imputa por el momento un delito de extorsión, ya que los agentes exigían, presuntamente, cantidades económicas a comerciantes, propietarios de bares de copas y prostitutas a cambio de protección o de no tomar represalias. Fuentes del Consistorio apuntaron incluso a la posible existencia de una red de tráfico ilegal de vehículos.

A pesar de que el alcalde, el socialista Ángel Viveros, ha negado cualquier implicación o responsabilidad política en los hechos, fuentes de la investigación confirmaron que también hay personal del Ayuntamiento bajo investigación, por lo que en las próximas horas podría darse la imputación de funcionarios municipales que no pertenecerían al equipo de gobierno. Paradógicamente, el concejal de Seguridad sí ha admitido el desaguisado existente en el cuerpo, del que reconoció que "no funcionaba bien".

Las detenciones también afectaron a algunos miembros de las Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana (BESCAM), de las que forman parte unos 70 agentes de los 150 con que cuenta Coslada. Sus recursos están sufragados por la Comunidad de Madrid, motivo por el que el Consejo de Gobierno regional ha decidido personarse en la acusación para aclarar los hechos.

Portavoces autorizados de la Consejería de Interior explicaron a Madridiario que se espera conocer el grado de responsabilidad del Ayuntamiento y de los agentes, antes de plantear la cancelación del convenio de la Bescam con Coslada.