Renuncia Ministro de Obras Públicas y genera una posible crisis de gabinete

Salvatierra compartió las declaraciones de Ric Rivera, sobre que "hay mucha burocracia, hay obstáculos" dentro del gobierno de Morales, lo cual justificó en base a que "ésta es una revolución política" y que aún no alcanza los ribetes de "revolución social".

La ministra de Justicia, Casimira Rodríguez, siguió la misma línea al dejar su cargo a disposición de la Presidencia; e incluso, durante una entrevista radial, valoró que durante su gestión el Ministerio tuvo "las puertas abiertas a todos los hermanos", expresando su esperanza porque esto continúe.

De ser cesada de su cargo, aseveró que continuará en la labor social que considera, debe ser atendida dentro y fuera del Gobierno. El ministro de la discordia, Salvador Ric Rivera, primero en presentar su renuncia reiteró que cree en los cambios que plantea el Jefe de Estado, pero lamentó que en el mismo Gobierno "el show está por encima del interés nacional".

Si bien Ric sorteó varias acusaciones en su contra, durante su gestión, el Viceministerio de Vivienda fue su gran dolor de cabeza, ya que con más de 70 millones de dólares de financiamiento, no cumplió con el plan de vivienda del Poder Ejecutivo. Quien también ya habría presentado su renuncia, sería la ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, que desde los conflictos de Cochabamba, vio truncada su gestión por decisiones que llevaron al presidente Morales a dejarla fuera del circuito de sus más allegados.

Algo parecido pasó con el ministro de Defensa, Walker San Miguel, que en el último trimestre del 2006, fue catalogado como "el hombre de confianza" de Evo Morales; no obstante, luego de la crisis en el valle, estuvo inmerso en informes ante el Congreso por la supuesta presencia de militares venezolanos; además de la visita de su par chilena, Vivianne Blanlot.

Antes de su partida a Brasil, el miércoles en la noche, para participar de la reunión del Mercosur, el presidente Morales había ratificado a todo su gabinete ministerial. Ahora que vuelve al país, se encontrará con un nuevo conflicto en Palacio Quemado, además del paro cívico que preparan los movimientos sociales de El Alto, exigiendo la renuncia del prefecto, José Luis Paredes.