El país en suspensión

Más allá de la irresoluta rectificación de Chávez respecto a la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia que según él había sido discutida durante dos años, importa destacar el talante patibulario del Presidente y casi todos los ministros que leyeron y legalizaron a conciencia un contenido tan aterrador. Aun más, su texto fue fieramente defendido por importantes voceros del oficialismo apenas dos semanas atrás.

El carácter inconstitucional de la ley ha sido suficientemente explicado por reconocidos juristas. Los sociólogos, por su parte, han destacado el terror colectivo que conlleva cualquier norma de "control difuso". Sin embargo la ciudadanía, la más afectada y principal objetivo, tiene mucho más que decir al respecto a la verdadera intención del régimen pues con este estatuto queda peligrosamente amenazada su entereza vital. Las leyes de Policía, Zonas de Seguridad y Mordaza de por sí ya conciertan instrumentos taxativos a merced del Presidente. Él las promulga y sólo él las deroga. Por ahora, la ley sapo está en suspensión como ciertamente lo está todo el país.

Los constituyentistas del 99 se explayaron por todo el país, en particular el gobernador de Anzoátegui, para dejar constancia de su condición de demócratas. Vociferaban a gollete abierto que la Constitución aprobada contenía uno de los mejores capítulos del mundo en materia de "Derechos Humanos". ¿Que se viole ahora?; ¡Ah pero eso qué importa! Dios se comunicó con Chávez y le señaló cuáles son los aprestos expeditos para detener a los "terroristas del imperio". ¿Quiénes califican como terroristas? Bajo los auspicios de esta ley, cualquiera. La zona gris del texto permite cualquier atrocidad: torturar, retener, confiscar. Como el imputado es un recluso "bajo sospecha" no puede insinuar siquiera que se le apliquen las prerrogativas de la Constitución ni contenido alguno de las convenciones internacionales rubricadas por Venezuela. ¿Le queda algún derecho? ¡Eso es lo de menos en una revolución! 

Las motivaciones formuladas por Bush para aprobar la Ley Patriota, ferozmente atacada por profusos miembros de la sociedad norteamericana y mundial, y que debe ser rechazada por todos, fueron calcados en buena parte por "el proceso". La diferencia es que acá, gracias a Dios, no se han destruido torres ni se conocen actos terroristas similares a los ocurridos en USA. Bajo los cánones de esta ley puede encarcelarse y procesarse inocentes sin derecho a la defensa. Los abogados de nada servirán. ¡Eliminemos pues el Código Penal! ¿Qué pasa cuando la regencia inquisidora comete un error y el delatado ha sido víctima de una inculpación de mala Fe?: ¡nada! ya que el "reo" ha sido sometido bajo la égida del nuevo código "de seguridad" ajeno al antiguo régimen jurídico el cual mal que bien garantizaba algunos dispositivos de defensa. Queda pues a criterio de la policía decidir por cuál de las dos alternativas imputar.

Según la Convención de Ginebra, promulgada en 1949 y entrada en vigencia el 21 de octubre de 1950, los prisioneros de guerra no pueden ser aislados ni torturados; mucho menos podría serlo un indiciado por mera presunción. Pero, ¡eso no importa!, al obviar los tratados y la Constitución el "retenido" queda excluido de esos ámbitos y en consecuencia carece de pertenencia; por ende de nacionalidad. Hasta los países más autoritarios hacen uso de códigos propios para juzgar a sus ciudadanos (caso Saddam Hussein). Con esta ley, derogada o no, el ciudadano vive en suspensión permanente.
En los sistemas de justicia sanos es el Estado el que provee los elementos de culpabilidad previos a la detención; ahora el ciudadano una vez detenido es quien debe proporcionar a sus captores los elementos probatorios para ser utilizados en su contra. ¡Caso único en el mundo! No caigamos en la trampa de la cesación de la ley por la "buena fe" del Presidente. Es una suspensión temporal supeditada a los resultados de las elecciones de noviembre próximo. De allí la importancia de ese evento.

Miguel Bahachille
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