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Nadie descarta un posible brote de violencia

Tensa calma antes del Paro Cívico de la 'Media Luna'

Tensa calma antes del Paro Cívico de la "Media Luna"

martes 19 de agosto de 2008, 02:24h

El Paro Cívico convocado por las cinco regiones opositoras para el día martes 19, busca medir la fuerza de la primera reacción (acción) opositora frente a la  votación lograda por el presidente Morales. Sin embargo los aprestos de los actores políticos no descarta un brote de violencia.

La huelga general anunciada para mañana martes, 19 de agosto, en cinco regiones de Bolivia gobernadas por opositores al presidente Evo Morales aumentó la tensión en el país por el temor a que se produzcan enfrentamientos violentos.

Las autoridades y líderes cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca convocaron a un paro en sus departamentos para exigir la devolución de una renta regional petrolera (el 30 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos) que el Gobierno de Morales destinó a pagar una ayuda a los ancianos del país.

La huelga general se producirá nueve días después del referendo sobre mandatos del 10 de agosto -donde Morales y sus principales rivales autonomistas quedaron ratificados- y tras fracasar el primer intento de diálogo entre Gobierno y oposición.

El paro también llega precedido de los episodios violentos ocurridos el pasado viernes en la ciudad de Santa Cruz -feudo de la oposición a Morales- a raíz de una protesta de un grupo discapacitados apoyados por autonomistas radicales que desencadenó fuertes enfrentamientos con la policía.

El Gobierno de Morales advirtió hoy de los "potenciales riesgos que afronta" la democracia boliviana ante lo que calificó de una "nueva estrategia de golpe contra las instituciones públicas", según dijo el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana.

El Ejecutivo deploró que la huelga general promovida por Santa Cruz coincida con el 37 aniversario del golpe militar dirigido por el dictador Hugo Bánzer, que se inició precisamente en Santa Cruz el 19 de agosto de 1971.

Según el ministro Quintana, el Gobierno está "tomando las previsiones" necesarias para emplear, en el marco de la Constitución, a los organismos responsables del orden público con el fin de "de preservar las instituciones que hoy en día están siendo objeto de amenaza".

Aunque el Gobierno de Morales negó la "militarización" de las regiones opositoras y la declaración del estado de sitio en el país, varios medios locales destacaron hoy que la policía militar se encargará de resguardar las instituciones estatales en estos departamentos.

Dirigentes cívicos de la región de Santa Cruz aseguraron hoy a Efe que el paro de mañana será "total" y "estrechamente coordinado" entre los cinco departamentos.

"Vamos a paralizar por completo los cinco departamentos", explicó el vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Roberto Gutiérrez, quien añadió que se proponen "cerrar las fronteras en los cuatro puntos cardinales" de cada región para que no haya acceso ni salida de vehículos ni autobuses.

Además del bloqueo de vías terrestres, los promotores de la huelga esperan que también paren mañana los centros educativos, los de salud, los comercios y todas las actividades de negocio y empresariales.
Gutiérrez aclaró que no se contempla el cierre de aeropuertos porque "la gente que está en tránsito no tiene la culpa de estas medidas".

El dirigente cívico cruceño llamó a la población a que mañana permanezcan en sus domicilios ante el temor de que Movimiento al Socialismo (MAS, el partido de Morales) "movilice sus milicias" para buscar la confrontación.

"Sabemos que el MAS va a salir a hacer desmanes en la ciudad (Santa Cruz)", dijo Gutiérrez quien denunció que los oficialistas supuestamente están pagando "500 bolivianos (71,5 dólares) a jóvenes" para que provoquen actos violentos.

"No sabemos si es dinero de los cheques venezolanos, si es del Tesoro General de la Nación o si es del narcotráfico", apuntó. Por su parte, el ministro Quintana reiteró sus críticas sobre el "mal uso" que hacen los prefectos (gobernadores) opositores de los recursos públicos, entre ellos el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para movilizar "a grupos violentos".

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